La decisión de sacar del poder a Nicolás Maduro fue adoptada por Donald Trump. Pero, ¿de quién es la responsabilidad? Es aquí es donde empiezan los problemas en el debate público local e internacional. Los matices han estado ausentes del análisis, lo que es un gran problema porque en política y en derecho, hacer distinciones es indispensable. ¿De qué responsabilidad estamos hablando?
Trump y su gobierno son responsables de la decisión de extraer al dictador Maduro y de los efectos positivos y negativos que de ello se sigan para los ciudadanos de Venezuela y EE.UU.. Se puede afirmar también con justicia, que Trump será responsable de dar cuenta de la legalidad de su decisión frente al Congreso norteamericano. Enfrentará también responsabilidad política frente al electorado norteamericano, el que con el pasar de los días irá mostrando aprobación o distancia de la decisión adoptada.
Hasta ahí el asunto es bastante claro. Pero luego, ¿dónde quedan los matices? ¿La extracción de Maduro fortalece o debilita el orden internacional? Es sensato pensar que la decisión de Trump debilita el derecho internacional, pero lo es solo en parte. La incapacidad de la ONU para contener por vías diplomáticas y jurídicas el poder de facto que han ejercido potencias como Rusia frente a Ucrania, China frente a Taiwán, o Israel con Palestina, así como el propio E.E.U.U. en el pasado es evidente, y no nace con la caída de Maduro.
También es simplista y en ocasiones, derechamente sesgado, reflexionar sobre la crisis humanitaria, social y democrática que vive Venezuela solo a partir de la decisión de Trump; como si toda la gestión del dictador y su régimen, aún vigentes, fuesen accidentales. Durante años, el chavismo, bajo distintas expresiones, pero con una misma lógica, ha demolido progresivamente la democracia venezolana. Lo ha hecho mediante fraudes electorales reiterados, persecución sistemática de opositores, torturas documentadas y una violación masiva de derechos humanos que ha obligado a millones de personas a abandonar su país, muchas de ellas sin posibilidad real de retorno.
A ello se suma la utilización del crimen organizado y del narcotráfico —incluido el accionar del Tren de Aragua— no solo como mecanismo de financiamiento del régimen, sino como instrumento de acción política violenta, incluso más allá de las fronteras venezolanas como bien sabemos en Chile. El asesinato de Ronald Ojeda constituye una señal inequívoca del desprecio del chavismo por el derecho internacional y de intervención directa en territorio extranjero.
Centrar el análisis del drama venezolano en la crítica al accionar de Trump denota entonces un simplismo sumamente dañino para el debate, porque al ocultar el problema de fondo, lo profundiza. En este sentido, cuesta entender por qué, en este caso y en otros, llegado el momento de evaluar procesos políticos concretos, se vuelve tan difícil para algunos reconocer algo elemental: los hechos pasados operan como antecedentes claros de lo que ocurre en el presente. Afirmar una relación de causalidad entre la dictadura de Maduro, su caída, y lo que vivirá Venezuela en adelante no equivale a emitir un juicio moral (ni favorable ni adverso) sobre la decisión de Trump y sus consecuencias. Tampoco lo es el sostener que la incapacidad del sistema internacional de derechos humanos para responder eficazmente a ciertas crisis contribuye a explicar acciones unilaterales de potencias globales.
Advertir que la tragedia que hoy vive Venezuela es resultado sobre todo de un régimen que ha despreciado la democracia representativa, los derechos humanos, y el orden internacional es una exigencia mínima de honestidad intelectual. ¿O ahora vamos a relatar la tragedia venezolana a partir enero de 2026? Cuando se renuncia a pensar la historia con matices y causalidades que son sumamente complejas, la política se transforma en puro moralismo selectivo. Y ese tipo de ceguera, como bien sabemos en Chile, nunca sale gratis.
