La reacción de la izquierda chilena y latinoamericana ante la operación militar de Estados Unidos en Venezuela no sólo resulta predecible. Es, sobre todo, obscenamente cínica. De pronto, quienes durante años relativizaron, minimizaron o derechamente validaron una de las dictaduras más brutales del continente, descubren una súbita vocación por el derecho internacional, la soberanía y la no injerencia.
Hay que decirlo con claridad. La intervención de un país en otro, y más aún cuando adopta una forma militar, no es deseable. Nunca lo es. Idealmente, Nicolás Maduro debió haber abandonado el poder por la vía democrática tras perder por paliza las elecciones que decidió robarse. Ese era el camino correcto. Pero la política no se analiza en el vacío ni se juzga con superioridad moral retrospectiva. Se analiza a la luz de los hechos. Y los hechos son brutales.
Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, Venezuela inició un proceso de demolición institucional sin precedentes en América Latina. No fue un accidente ni un desvío temporal. Fue un proyecto político deliberado, sostenido en el tiempo, perfeccionado por Nicolás Maduro y protegido activamente por buena parte de la izquierda regional. Mientras se cerraban medios, se encarcelaba a opositores, se torturaba, se asesinaba y se empujaba a millones a la miseria, la izquierda optó por la complicidad. En el mejor de los casos, por el silencio. En los peores, por el aplauso e ir a besarles el anillo a los tiranos a cambio de vaya a saber uno qué cosa.
Se organizaron foros, grupos y alianzas internacionales que una y otra vez no hicieron otra cosa que blindar a la autocracia venezolana. Ahí están los acuerdos y declaraciones de la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América” (Grupo ALBA), el “Foro de Sao Paulo”, el “Grupo de Puebla” y, últimamente, “Democracia Siempre”. Por favor, busque alguna condena categórica a las atrocidades de Chávez y Maduro, alguna exigencia directa a dejar el poder pacíficamente, algún llamado a respetar las elecciones o una propuesta seria para que volviera la libertad. Va a buscar y no va a encontrar. Más bien se acusó a la prensa, al imperialismo, a la derecha, al mercado. Todo, menos asumir que en Venezuela se estaba consolidando una tiranía criminal. Incluso cuando organismos internacionales y la ONU publicaban una y otra vez informes demoledores sobre violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos, la reacción era la negación, la contextualización o la relativización. Igual que con Cuba, la culpa era del imperio.
Hoy, esa misma izquierda se escandaliza porque Estados Unidos ejecutó una operación que terminó con la captura de Maduro y su esposa. Invocan principios que nunca defendieron cuando correspondía. Hablan de legalidad internacional, pero jamás fueron capaces de articular una estrategia multilateral seria, consistente, permanente y eficaz para forzar una salida política real. No existe un solo plan, ni siquiera en borrador, que muestre que estaban preparando una alternativa robusta que obligara al régimen a convocar elecciones libres o a aceptar una transición. Hubo reuniones. Hubo comunicados. Hubo buenas intenciones. No hubo acción. En resumen, sólo performance. De fondo, nada.
Este drama no fue, ni es, un problema exclusivamente venezolano. El colapso del país forzó a casi ocho millones de personas a huir de la tiranía, generando el mayor éxodo de la historia reciente de la región. Esa migración masiva, desordenada e irregular, como sabemos muy bien, tuvo efectos profundos en los países vecinos. Presión sobre servicios públicos, tensiones sociales, aumento del crimen organizado y la expansión de bandas de narcotráfico que encontraron terreno fértil fuera de sus fronteras. Chile no fue la excepción.
Más aún, la dictadura venezolana exportó violencia política. El asesinato del teniente Ronald Ojeda en suelo chileno, en una operación con notorios vínculos con el régimen de Maduro, dejó en evidencia que la amenaza no se detenía en las fronteras. La izquierda, partiendo por el Presidente Boric, de nuevo se quedó en las declaraciones rimbombantes, en el ceño fruncido, en la impostación.
Cuando se ignora un problema durante demasiado tiempo, alguien más termina resolviéndolo, aunque no nos guste la forma. Eso es exactamente lo que ocurrió. La izquierda latinoamericana decidió fingir que Venezuela no existía o que la tragedia social era un problema sólo de ellos. Decidió que el sufrimiento de millones era un costo aceptable para sostener un relato estúpidamente romántico. Decidió no incomodar a una dictadura que se decía de izquierda. Con esa conducta, dejó la mesa servida para que otros actuaran. Y ahora se escandaliza por las consecuencias de su propia inacción.
No hay superioridad moral posible en ese reclamo. Hay hipocresía. Hay desfachatez. Y hay una responsabilidad histórica que no pueden seguir eludiendo. La tragedia venezolana no cayó del cielo ni fue obra de Estados Unidos. Fue el resultado de una complicidad activa y pasiva de una izquierda que prefirió la ideología a los derechos humanos, el relato a la realidad y el silencio a la acción. Que hoy, gracias a Trump, descubran principios que durante décadas despreciaron no los absuelve. Los condena.
