La discusión sobre la designación de una ministra de la Mujer por parte del próximo gobierno ha vuelto a instalar un falso dilema que empobrece el debate público: o se asume sin matices el feminismo estatal e identitario promovido por la izquierda, o se niega la existencia misma de demandas legítimas de las mujeres. Ambas posiciones son cómodas, pero profundamente irresponsables.
Cuestionar la captura ideológica del feminismo no equivale a negar la realidad de las brechas y desafíos que afectan especialmente a las mujeres en nuestra sociedad. Del mismo modo, reconocer esa especialidad no obliga a adherir a una agenda identitaria que ha utilizado al Estado como plataforma de activismo político. Desde luego, confundir deliberadamente ambos planos ha sido funcional para expandir burocracias e ideologías woke. Pero dicha confusión ha servido también gravemente para deslegitimar cualquier discusión razonable sobre políticas públicas para mujeres.
En los últimos años, el Ministerio de la Mujer ha privilegiado el relato por sobre los resultados. Se ha hablado extensamente en nombre de las mujeres, pero se ha omitido el foco en la resolución de problemas concretos y persistentes: la sobrecarga de cuidado, la dificultad de compatibilizar maternidad y trabajo, la informalidad laboral femenina o la ausencia de corresponsabilidad efectiva. Al hablar más de sí mismo que de las mujeres reales a las que dice representar, el feminismo estatal no sólo ha perjudicado a las mujeres, sino que además ha invisibilizado sus propios logros, y contribuido a reforzar una verdadera “contracultura” frente al tema mujer.
En el caso del próximo gobierno, su desafío no es eliminar el ministerio, sino reformarlo de manera profunda. Gobernar no es borrar instituciones por reacción ideológica, sino hacerse cargo de ellas, corregir sus desvíos y devolverles sentido. En un país donde las brechas siguen existiendo, prescindir del ministerio sería un error político y simbólico innecesario. Mantenerlo, en cambio, permite disputar su orientación y demostrar que es posible una agenda de mujeres sin militancia identitaria. Es importante entender que la equidad entre hombres y mujeres no es sinónimo de wokismo, ni el feminismo es patrimonio exclusivo de la izquierda. Reducir cualquier política dirigida a mujeres a una caricatura ideológica solo contribuye a profundizar la distancia entre el Estado y la ciudadanía femenina, que es diversa, plural y muchas veces ajena a las consignas que se dicen en su nombre.
Si el gobierno entrante nombra una ministra de la Mujer, el estándar debe ser exigente: no una activista, sino una gestora; no una portavoz de causas identitarias, sino una autoridad capaz de traducir problemas reales en políticas públicas eficaces. Tratar a las mujeres como un bloque homogéneo ha sido uno de los errores más persistentes del feminismo institucional.
Un proyecto político que aspire a gobernar con estabilidad no puede caer ni en la indiferencia frente a las demandas de las mujeres ni en su captura ideológica. Un conservadurismo democrático no se define por negar estos problemas, sino por enfrentarlos sin consignas, con responsabilidad fiscal y con respeto por la pluralidad de experiencias femeninas que existen en la sociedad chilena.
