Desde 2017, en Chile se ha quemado el equivalente a toda la Región Metropolitana. Son cerca de un millón y medio de hectáreas devastadas por el fuego. Territorios productivos, ecosistemas completos, pueblos y ciudades enteras marcadas para siempre. Y, lo más grave, más de 200 personas perdieron la vida. No fue un accidente climático inevitable ni una fatalidad natural. En la mayoría de los casos, los incendios fueron provocados de manera intencional, con el propósito deliberado de destruir.
El principal blanco ha sido la llamada Macrozona Sur. Allí, los incendios del verano se combinan con atentados, sabotajes y ataques durante el resto del año. Escuelas, iglesias, galpones, cultivos, maquinaria agrícola y camiones terminan reducidos a cenizas. No se trata solo de daños materiales. Cada ataque rompe rutinas, expulsa familias, ahuyenta inversiones y va erosionando, lentamente, pero sin pausa, la posibilidad misma de una vida normal.
En ese contexto, el trabajo se vuelve escaso. Las oportunidades se evaporan. El desarrollo no llega porque nadie invierte donde no hay seguridad mínima. Y cuando no hay empleo ni futuro visible, la pobreza se instala como un fenómeno estructural, no como una coyuntura pasajera. No sorprende, entonces, que La Araucanía sea hoy la región con mayores niveles de pobreza del país, ni que cinco de las diez comunas más pobres de Chile se ubiquen precisamente en la Macrozona Sur.
Lo que allí ocurre no puede explicarse sólo con indicadores sociales. Hay algo más profundo y más grave. En vastas zonas pareciera regir una ley distinta, una donde el Estado de Derecho simplemente no opera. Lugares donde el Estado no entra, no llega a tiempo o no se atreve a llegar. Territorios donde la autoridad se vuelve intermitente y la violencia, persistente. Esa ausencia no es neutra. La ocupan otros. Siempre.
Es comprensible, y en muchos aspectos necesario, que el gobierno entrante tenga una especial preocupación por la crítica situación en la frontera norte. La inmigración ilegal y descontrolada ha generado efectos devastadores. Desde allí han ingresado bandas de crimen organizado, drogas y una delincuencia que antes no existía con esa intensidad en Chile. Que la futura ministra de Seguridad Pública conozca bien esa realidad es una buena noticia. Es un problema que requiere decisión, conocimiento del territorio y capacidad operativa.
Pero atender con urgencia el norte no puede implicar descuidar el sur. Chile no tiene una sola frontera crítica. Tiene, al menos, dos. Y mientras una concentra la atención política y mediática, la otra sigue desangrándose lentamente. Año tras año se retrocede. Cada temporada de incendios es peor que la anterior. Cada atentado reafirma la idea de que invertir es demasiado riesgoso. Cada familia que se va confirma que vivir allí se ha vuelto, para muchos, una forma de resistencia más que una elección.
Esta “frontera sur” no es un concepto abstracto. Es gente concreta que vive con miedo, que ve cómo su esfuerzo se pierde en una noche, que siente que el Estado llega tarde o no llega. Es una señal permanente de que algo esencial está fallando. Y no es un problema nuevo. Lleva años acumulándose, normalizándose, postergándose. Siempre hay una urgencia mayor, un incendio más mediático, una crisis que desplaza a la anterior.
El resultado está a la vista. Más pobreza, menos empleo, más violencia y menos esperanza. No hay política social que funcione donde no hay seguridad. No hay desarrollo posible sin Estado de Derecho. No hay paz social cuando la ley se aplica de manera selectiva o simplemente no se aplica.
El sur de Chile clama por una solución desde hace demasiado tiempo. No pide privilegios ni tratamientos especiales. Pide lo básico. Seguridad, presencia del Estado, reglas claras, protección efectiva para quienes quieren trabajar y vivir en paz. Lo mismo que exige el norte. Lo mismo que cualquier sociedad que aspire a ser justa y viable.
Seguir postergando esta realidad no es neutral. Es tomar partido por el deterioro. El sur ya esperó demasiado. Y Chile no puede seguir permitiéndose zonas donde la violencia manda y el futuro se quema, año tras año, ante la indiferencia del resto del país.
