En 2014, Michelle Bachelet y la izquierda tomaron una decisión que, a la luz de sus resultados, perfectamente puede ser vista como una suerte de Big Bang en la política chilena. No sólo remeció el sistema educacional, sino que alteró de forma profunda el diseño de las políticas públicas y, con ello, el futuro del país. Lo hizo, además, como sabemos, con un objetivo evidente: congraciarse con los dirigentes universitarios que, tres años antes, en 2011, durante el gobierno de Sebastián Piñera, habían logrado desestabilizar el clima político y social interno.
La exmandataria decidió apostar por financiar la educación de esos mismos universitarios, en desmedro de aquellos que no protestaban, que no hacían ruido, que no tenían voz política. Es decir, la primera infancia, los preescolares y los escolares. Los invisibles de siempre.
Tal vez por vergüenza, por tozudez o porque simplemente no tenía las respuestas, Bachelet nunca fue capaz de explicar por qué les dio la espalda a los niños -al verdadero futuro del país- y puso todas las fichas en los incumbentes, en aquellos incipientes agitadores políticos que exigían gratuidad en sus estudios profesionales.
No fue un error técnico ni una mala lectura circunstancial. Fue una decisión política deliberada. Una apuesta ideológica. Y, como toda apuesta, tuvo costos. Costos gigantescos.
Evidentemente, en un mundo ideal, a todos nos gustaría que los recursos alcanzaran para todo. Que el presupuesto del Ministerio de Educación fuera suficiente para fortalecer la educación preescolar, básica y media, y además financiar la educación superior de todos quienes lo merecen. Pero la realidad nunca ha sido así. Y gobernar consiste, precisamente, en priorizar.
Bachelet y la izquierda priorizaron horriblemente mal.
Habiendo pasado ya más de una década desde esa decisión, los resultados están a la vista. Una educación preescolar que hace agua por todos lados. Una educación básica y media pública que prácticamente ha desaparecido de los rankings de calidad. Y símbolos históricos como el Instituto Nacional convertidos en caricaturas de lo que alguna vez fueron. De orgullo transversal a vergüenza nacional.
Mientras tanto, la gratuidad universitaria -el gran emblema de esa reforma- tampoco resiste el más mínimo análisis serio. Un informe del CEP, elaborado por el actual subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, reveló que un 23,3% de los estudiantes que recibieron gratuidad en 2022 no pertenecían al 60% más vulnerable, que es el grupo objetivo definido por la ley. Traducido: casi uno de cada cuatro beneficiarios no debía estar ahí e hicieron trampa para estar.
El costo de ese desorden no es menor. Se estima en al menos 262 mil millones de pesos. Dinero público, de todos los chilenos, mal asignado. Dinero que perfectamente podría haberse invertido en la primera infancia, donde -como repiten hasta el cansancio todos los expertos- se juega la verdadera batalla contra la desigualdad.
Pero no. Se prefirió financiar carreras universitarias, muchas veces de dudosa calidad, para personas que ni siquiera cumplían los requisitos.
Como si eso fuera poco, los errores de diseño y proyección del sistema -tanto en gratuidad como en el CAE- han significado un sobrecosto para el Estado cercano a los 11.400 millones de dólares. Y las proyecciones son aún peores: esa cifra podría escalar a 21 mil millones de dólares al año 2030, según el economista Matías Acevedo.
Es decir, no sólo se priorizó mal, se ejecutó peor.
Y la evidencia sigue acumulándose. Los mayores deudores del CAE no son precisamente los más vulnerables, sino egresados de mejores universidades y de carreras con salarios más altos. Más aún, según el ministro de Hacienda, hay 1.800 personas morosas del CAE que ganan más de 5 millones de pesos mensuales y que, en conjunto, adeudan cerca de 20 millones de dólares al fisco.
Ese es el retrato más nítido del absurdo. El Estado endeudándose, subsidiando y ahora -por la irresponsabilidad de Gabriel Boric y el Frente Amplio- pretendiendo condonar deudas a personas con altos ingresos, mientras millones de niños siguen atrapados en una educación deficiente desde sus primeros años de vida.
Un verdadero barril sin fondo.
Chile no necesita más consignas ni más gestos ideológicos. Necesita sentido común. Necesita volver a poner a los niños primero. Necesita entender, de una vez por todas, que la desigualdad no se combate en la universidad, sino mucho antes.
El error fue monumental. Uno de esos que no sólo se pagan en cifras, sino en oportunidades perdidas, en generaciones completas que quedaron atrás y en un sector político -la izquierda- que decidió, inexplicablemente, darle la espalda al futuro del país.
