“Gracias por tanto, y perdón por lo poco”. Así se despidió Gabriel Boric de La Moneda el 11 de marzo. La frase suele usarse como gesto de falsa modestia tras un buen trabajo. Pero en este caso, la pregunta es: ¿realmente los chilenos merecemos solo un perdón por “lo poco”?
Partamos por los vecinos de El Olivar, en Viña del Mar. Tras el megaincendio de 2024, no solo se perdieron vidas, sino que hubo familias que quedaron sin nada más que lo puesto. La reconstrucción avanzó lento, pero al menos parecía avanzar. Hasta que el ministro Poduje anunció la verdad: una constructora licitada utilizó materiales diseñados para viviendas de un piso en casas de dos. La consecuencia: de 350 viviendas, cerca de 50 deberían demolerse por riesgo sísmico. Otra vez, los más vulnerables pagando los errores del Estado. Lo barato salió caro y peligroso, y el nuevo Ejecutivo ya anunció querellas criminales al respecto.
El problema no es aislado y ha golpeado con especial fuerza a las finanzas públicas. Durante años, expertos de distintos sectores advirtieron sobre el aumento del gasto y el debilitamiento de los fondos de emergencia, producto del manejo fiscal de la dupla Marcel-Grau. Chile, país de catástrofes, había construido un Fisco serio desde el retorno a la democracia: reglas fiscales respetadas y reservas suficientes para enfrentar crisis. Eso se erosionó. Se gastó más, se ahorró menos y se recurrió a mecanismos extraordinarios, como el “manotazo” a la Corfo, para sostener el nivel de gasto. El resultado es evidente: al cierre de 2025, la caja fiscal rondaba los US$40 millones. Y la falta de holgura se vuelve crítica cuando aparece una emergencia real como hoy es la crisis energética: para contener el alza de los combustibles, el Fisco requeriría cerca de US$140 millones semanales (tomando como referencia la semana del 19 al 25 de marzo).
Y ahora que viene el invierno, nos empezaremos a acordar del ministro Pardow y las cuentas de la luz. La gestión del ministro del Frente Amplio no solo fue tardía, sino derechamente negligente. Durante meses no se licitó la auditoría a una empresa eléctrica que reconoció haber cobrado de más. Además, se aplicaron fórmulas erradas para cobros de servicios, cuyo impacto total aún nadie logra confirmar. Dos errores que le habrían costado a los chilenos unos US$200 millones. Lo anterior, en una administración que en forma infundada mantuvo artificialmente congeladas las tarifas eléctricas por razones políticas, hasta terminado el primer plebiscito constitucional. Hoy la cuenta llegó. Y, como siempre, no la paga el Estado: la pagan los ciudadanos en sus cuentas de luz.
Al gobierno actual le está tocando pagar la fiesta del gobierno anterior. Pero el problema de fondo no es solo financiero o técnico. Es también político. Porque cuando el Estado se expande sin control y gestiona mal, no solo gasta más, sino que se vuelve una carga para las familias. Por eso, un “perdón por lo poco” no basta. Chile necesita explicaciones, responsabilidades y sanciones por una gestión que en el mejor de los casos, fue mediocre. Porque cuando la mediocridad se instala en un Estado hipertrofiado, siempre la pagan los ciudadanos de a pie.
