El Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, de contenido eminentemente tributario, incorpora concisas modificaciones en materia aduanera, relacionadas específicamente con el contrabando de cigarrillos. ¿Por qué estas modificaciones tan específicas son realmente significativas en materia fiscal y de seguridad?
Desde el aumento del impuesto al tabaco con la reforma tributaria del año 2014, la carga tributaria del cigarrillo legal, traducida a porcentaje, supera el 75% del precio de cada cajetilla, siendo el bien de más alta tributación en Chile.
Lo anterior, garantiza un margen de utilidad a costa de impuestos evadidos para la cadena de comercio clandestino, que sitúa a este negocio en una importante fuente de financiamiento del crimen organizado, junto con una pérdida fiscal masiva.
Revisemos algunos datos. El precio promedio de la cajetilla ilegal es inferior a los $2.000 pesos, frente a $3.600 del producto más barato ofrecido formalmente que paga sus impuestos (86% carga tributaria). En materia sanitaria, el producto de contrabando se encuentra lejos del alcance de las políticas antitabaco del Ministerio de Salud, ya que no cumple con ninguna de las regulaciones de advertencia y etiquetado, así como tampoco conlleva las restricciones de venta a menores o en cercanía de establecimientos educacionales. Estudios de consumo de tabaco y comercio ilícito de Mide UC y Kantar, revelan estimaciones de crecimiento sostenido del producto ilícito en los últimos 4 años, superando al comercio legal. Estas estimaciones traducidas a tributos dejados de percibir representan US$1.100 millones de dólares al año, lo que equivale al doble del presupuesto anual de la PDI, ocho veces el de Aduanas o al 60% del de Carabineros.
La adquisición de cigarrillos en el exterior, su transporte internacional hacia nuestro país, su ingreso clandestino, el traslado hasta zonas de acopio y la distribución final, da cuenta de una empresa ilícita que requiere planificación y recursos propios del crimen organizado. Haciéndose cargo de este grave delito junto con sus graves efectos, el proyecto propone un fortalecimiento de la respuesta estatal, al contemplar una regla de determinación de la pena, para que ésta deba ser aplicada en su máximum cuando se trata específicamente de contrabando de cigarrillos, alcanzando hasta los 15 años de presidio. A lo anterior, se agrega un cambio en la redacción de la norma que permite a la Fiscalía incautar los vehículos que participan en el ilícito, reemplazando el “podrá solicitar” dicha medida por un categórico “deberá solicitar”, estableciéndose finalmente un plazo muy acotado para su remate por parte de la DICREP.
Durante la tramitación legislativa debieran revisarse algunos aspectos de esta normativa para garantizar una mejor aplicación, por ejemplo, sobre el alcance respecto del tipo de vehículos que siempre se deben incautar, siendo indiscutible su utilidad cuando se trata de máquinas de transporte de carga. Igualmente, los procedimientos de remate requieren un análisis más detallado particularmente cuando se trata de camiones o medios de transportes extranjeros que frecuentemente son detectados con producto ilegal en carreteras del norte del país, los que tienen prohibición de ser importados al país, respecto de los cuales pueden aplicarse normas aduaneras de incautación y subasta, independiente del tratamiento penal.
Por otra parte, las modificaciones exigirán aún más a las instituciones fiscalizadoras y de persecución penal desde el inicio de las investigaciones, con el ejercicio activo de la acción penal hasta la aplicación efectiva de las sentencias. En estas fases finales del esquema anti contrabando de cigarrillos, resulta esencial la oportuna destrucción del producto incautado a fin de evitar su acumulación en recintos de depósito aduanero y policiales, lo que representa riesgos y costos, tanto públicos como privados, que se deben evitar.
En el actual contexto nacional, la iniciativa representa un punto de inflexión y una señal potente para enfrentar el crimen organizado, su financiamiento y logística, apuntando a establecer una respuesta del Estado de enfoque práctico y penalmente proporcional a la gravedad de un fenómeno criminal que en va aumento.
