Mientras cumple una condena de 12 años por almacenamiento y producción de pornografía infantil y abuso sexual, Marcelo Moya, obtuvo puntaje nacional en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).
Su condena finaliza el 28 de octubre del 2029, pero con el resultado que obtuvo en la prueba pidió estudiar Ingeniería desde la cárcel. Debido a que Gendarmería rechazó su solicitud, bajo el argumento de que el penal no contaba con espacios habilitados, computadores ni internet, la discusión escaló a tribunales, donde se determinó que Moya sí podrá estudiar de manera online.
Fue en la PAES 2025 cuando el sujeto obtuvo puntaje nacional, y tras este resultado, manifestó su intención de matricularse en un establecimiento de educación superior, solicitando autorización para acceder a un computador dentro del recinto penitenciario, según consigna BiobioChile.
De parte de Gendarmería se negaron, puesto que el penal no contaba con una sala habilitada, no tenía puntos de red para acceso controlado de internet y tampoco tenía computadores para asignar a reos que quisieran cursar estudios online.
Los argumentos de la defensa del pedófilo preso y el fallo que le permitirá estudiar en la cárcel
Bajo este contexto, la defensa de Marcelo Moya acudió a tribunales, señalando que el acceso a educación en contexto penitenciario está reconocido en el reglamento de establecimientos penales y es parte de los procesos de reinserción social.
El abogado Ricardo Bravo Cornejo expresó que “no estamos frente a un permiso general para navegar en internet, sino ante una medida acotada, fiscalizable y compatible con la seguridad penitenciaria”.
La Corte de Apelaciones estableció que a pesar de que Moya se encuentra privado de libertad, mantiene “incólume su derecho a la educación en la medida que las posibilidades de la unidad penal en la que se encuentra lo permitan”.
En este sentido, el tribunal consideró que las complicaciones técnicas que planteó Gendarmería eran superables, puesto que “solo requieren un lugar con acceso a internet”. Considerando lo anterior, ordenó realizar las gestiones necesarias para proporcionar al condenado un espacio físico y acceso restringido a internet para cursar estudios superiores online.
“Cuando Gendarmería niega este tipo de solicitudes sin una fundamentación individualizada, afecta la reinserción social porque desincentiva el esfuerzo, castiga la iniciativa personal y reduce las posibilidades reales de preparación para la vida posterior al cumplimiento de la pena”, sostuvo el abogado.
La historia detrás de su condena
Las razones de la estadía de Moya en prisión se remontan a 2014, cuando Interpol de Alemania emitió una alerta a Chile sobre descargas de pornografía infantil asociadas a una dirección IP vinculada al condenado.
Tras ello, la PDI llegó hasta el domicilio de su padre, donde el sujeto hizo entrega de dispositivos electrónicos y no negó los hechos por los que era acusado.
Estos hechos derivaron en una condena de 12 años por delitos de almacenamiento y producción de pornografía infantil, además de abuso sexual, cuya pena comenzó a cumplirse el 21 de octubre de 2015.
Desde aquella fecha, de acuerdo a documentos de la institución carcelaria, Moya ha tenido buena conducta, contexto en el cual decidió retomar sus estudios.
