La llegada de la megarreforma al Senado abre una oportunidad que no conviene desperdiciar. Después de su despacho por la Cámara, se ha instalado la expectativa de que la Cámara Alta ofrezca un espacio más razonado para contrastar visiones divergentes entre gobierno y oposición. Algo de eso hay: por composición, por trayectoria y por la propia jerarquía institucional del Senado, parece razonable esperar una discusión menos ansiosa, menos performática y más atenta a las consecuencias concretas del proyecto.
De ahí que sea razonable que el gobierno se abra a dar más tiempo. El ministro Claudio Alvarado ya insinuó esa disposición, y parece una señal políticamente sensata. Una reforma de esta magnitud no debiera tramitarse como si el solo apuro fuera sinónimo de convicción. Pero tampoco puede confundirse deliberación con dilación ni menos con veto. Más tiempo tiene sentido para producir mejores acuerdos, no como forma elegante de dilatar. ¿Cómo distinguir una propuesta seria de una maniobra obstruccionista? Dejando de lado a quienes abiertamente reconocen querer entorpecer, el criterio para discernir no debiera ser psicológico. No se trata de adivinar intenciones, sino de mirar contenidos.
Un buen criterio en este sentido es respetar la idea matriz del proyecto. En el caso de la reforma de pensiones del gobierno anterior, por ejemplo, era claro que una de sus ideas centrales era aumentar pensiones con efecto perceptible para los jubilados actuales. La oposición podía discutir el mecanismo, el rol del Estado, o el diseño técnico, pero el acuerdo era posible dentro de ese marco. Quienes se oponían a aquello, fueron honestos en decirlo. Quienes se abrieron a la opción, concurrieron al acuerdo.
Éste se logró, finalmente, no porque todos pensaran lo mismo, sino porque la deliberación se produjo en torno al corazón del proyecto y no contra él, con la legítima disidencia de quienes rechazaban esa idea central.
Algo similar debiera ocurrir ahora. La idea matriz de la megarreforma no se agota en un guarismo de tasa ni en el número exacto de años de invariabilidad. Su eje es más amplio: reactivar la economía, estimular inversión y empleo, dar certeza y ordenar el crecimiento dentro de un marco fiscal sostenible. Quien proponga modificar tasas o plazos, corregir incentivos o compensaciones fiscales, puede estar discutiendo dentro del proyecto. Quien busque vaciarlo de su capacidad de reactivación o cargarlo de materias ajenas, en cambio, no está deliberando, sino buscando reemplazar la ley por otra. Por eso la idea de una mesa técnica resulta interesante. En materias económicas, los expertos suelen tener más facilidad que los políticos para coincidir en los riesgos y las ventajas relativas de un diseño. La mesa tiene además la virtud poco popular pero valiosa de funcionar sin cámaras, permitiendo matices que la cuña y el punto de prensa suelen destruir.
Discernir aporte de obstrucción también remite a los límites constitucionales, que son cruciales. La indicación sobre sala cuna universal es un buen ejemplo del riesgo: puede tratarse de una política pública necesaria, pero que sea deseable no significa que pueda aprobarse por cualquier vía. Si irroga gasto, incide en la administración financiera del Estado o se aparta de la idea matriz del proyecto, el problema ya no es solo político: es constitucional.
El Senado, entonces, debiera dar espacio real para mejorar el proyecto evitando convertirse en coartada. El gobierno, por su parte, puede buscar una votación más amplia, velando porque la amplitud no termine por desfigurar el sentido de su iniciativa. Por lo mismo, parece sensato desdramatizar ciertos lugares comunes. Votar con las adhesiones disponible no es, necesariamente, “pasar máquina”. En democracia, formar mayoría y ejercerla dentro de las reglas no es un abuso: es parte del mandato representativo. Y “pirquinear” tampoco debiera usarse como insulto automático para describir la construcción voto a voto de acuerdos parciales. En sistemas fragmentados, muchas veces legislar consiste precisamente en eso: buscar apoyos donde existen, sin exigir unanimidades imposibles ni purezas de bloque que el propio Congreso no tiene.
