A fines de los ‘80 hubo una película muy popular que mezclaba juventud, buena música y vampiros, que narraba la historia de una familia recién quebrada por la separación de los padres y un chico adolescente que trataba de insertarse en un nuevo pueblo. El filme tiene su punto cúlmine cuando los héroes se ven acorralados por los villanos jóvenes chupasangres. En ese minuto irrumpe el abuelo, un personaje que no habla en toda la historia, que sin embargo termina matando a los malos. La película en cuestión se llama Generación Perdida.
Hoy Chile tiene no una, sino varias generaciones perdidas. Y si queremos entender su magnitud, hay que empezar por reconocer que no todas las infancias ni adolescencias se pierden de la misma manera. Lo hacen según el barrio donde nacen, el colegio al que pueden acceder, y también —de manera profunda y persistente— según el género con que atraviesan el mundo.
Hace una semana, el informe “Desigualdad de oportunidades. Niños, niñas y adolescentes en la desigualdad económica” de UNICEF nos ubica en el preocupante último lugar de una lista de 37 países analizados en cuanto a bienestar infantil, y el más bajo entre las naciones pertenecientes a la OCDE. Lo que se ha dicho hasta el cansancio este estudio lo refrenda con cifras que duelen: el 67% de adolescentes del quintil más alto alcanza competencias básicas en lectura y matemáticas, frente al 25% del quintil más vulnerable. Pero lo que el informe no desagrega suficientemente es que detrás de ese 25%, hay niñas que cargan con una mochila adicional: la del cuidado de sus hermanos menores o abuelos, del trabajo de “coleras en la feria” o que en clases de matemáticas el/la “profe” las considere con su aporte.
A esto le sumamos desequilibrios emocionales, donde los jóvenes de sectores más acomodados se sienten más cobijados por adultos responsables respecto de aquellos que tienen menores recursos. Otro dato no menor: la obesidad y el suicidio es casi lo único que trasciende al nivel socioeconómico, con Chile exhibiendo los peores índices globales del estudio. En el caso de las niñas y adolescentes, la evidencia internacional —y la chilena no es una excepción— muestra que las autolesiones y los trastornos de salud mental se expresan con mayor frecuencia, silenciosamente, sin que el sistema de salud las atienda a tiempo.
La Defensoría de la Niñez lo confirma desde otro ángulo: las autolesiones de niños, niñas y adolescentes aumentaron en un 137% en poco más de una década, mientras la violencia sexual subió en un 46,4% en los últimos seis años en Chile. Y aquí la perspectiva de género no es un detalle: las víctimas de violencia sexual son mayoritariamente de sexo femenino. Sus cuerpos son el territorio donde se ejerce el poder que el sistema no les ha enseñado a nombrar ni a denunciar.
¿Y que ha hecho el Estado en los últimos 20 años? En el segundo mandato de Sebastián Piñera se promulgó la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, luego de años de discusión, apurada por la crisis del SENAME y la presión de organismos nacionales e internacionales. Resultado: normas que son un verdadero oxímoron, porque buscan proteger, pero al final no lo hacen. Durante la administración de Gabriel Boric hubo tres subsecretarias de la Niñez —entre ellas quien escribe estas líneas—, lo que impidió cualquier desarrollo de una política pública con impacto real y sostenido.
Y cerrando el 2024 se crea la Comisión de Verdad y Niñez, para recoger cerca de 700 mil testimonios de aquellos que fueron parte del SENAME entre 1979 y 2024, para resarcir de alguna manera el daño infligido justamente por la ausencia del Estado. Resultado hasta el minuto: menos de 300 relatos en un año, la Comisión renunciada en pleno y el profesional nombrado por la actual administración, para liderarla, renuncia a menos de una semana de iniciar su trabajo.
El patrón se repite: urgencia declarada, institucionalidad rota, continuidad postergada. Y quienes pagan el precio más caro son siempre aquellos pertenecientes a los quintiles más vulnerables que abandonan el sistema escolar porque trabajar para el narcotráfico es más atractivo que aprender.
Sin embargo, y precisamente porque este panorama duele, hay que mirar también lo que existe y resiste. En los territorios más olvidados del país hay mujeres —madres, educadoras, dirigentas— que sostienen con sus propios medios lo que la política pública no llega a ofrecer. Hay organizaciones que han construido redes de cuidado comunitario haciendo bingos, sin reconocimiento, con pura convicción. Hay adolescentes que, pese a todo, se organizan, denuncian y crean espacios seguros para hacer tribu. Ellas, como el abuelo de la película, solo llegaron a tiempo. Eso es exactamente lo que el Estado le debe a estas generaciones.
