Cuesta oponerse, al menos en público, al beneficio a adultos mayores (BAM) que compraron su casa hace cuarenta años, ven cómo su barrio se valorizó y enfrentan con dificultad el pago de contribuciones que crecen más rápido que su pensión. Pero cuando ello se traduce en más exenciones, diversos actores políticos han advertido sus efectos en el financiamiento municipal (FCM).
Esta tensión nos llama a mirar el problema, pues la discusión pareciera asumir que las exenciones son la única solución. Si este es el camino, la pregunta inevitable es quién paga ese costo. Lo que se decida no solo afecta al FCM, sino también la dirección de un sistema tributario que achica su base de pago y que es percibido como arbitrario y lleno de parches.
¿Cómo se comportan las contribuciones? La recaudación descansa en una base estrecha donde solo una de cada cuatro viviendas urbanas paga, mientras el resto está exento por su avalúo o franquicias como el DFL-2. La concentración es comunal, pues solo cinco generan cerca del 30% de la recaudación. Aun así, en comunas clase media, como San Miguel y Macul, conviven casas antiguas que pagan contribuciones con departamentos nuevos amparados en el DFL-2 que no lo hacen. A ello se suman problemas metodológicos de cálculo que han catalogado al proceso como “arbitrario” o con “cobros desproporcionados”.
Dentro del universo más afectado están los adultos mayores, pero no todos. Según el proyecto de ley ingresado en la administración anterior y que está en el Senado, solo 26% de 1,54 millones que son propietarios paga contribuciones, y de ellos cerca de 190 mil ya tiene algún BAM. El proyecto citado busca sumar otros 120 mil, bajo nuevos criterios de ingresos; y, en paralelo, el “Plan de Reconstrucción Nacional”, también pronto a su trámite en el Senado, propone ampliarlo a todos los adultos mayores.
Este último implicaría cerca de USD 200 millones menos para el FCM, lo cual aumentaría con los años producto que los propietarios se concentran entre los 50 y 65 años. En concreto, comunas como Las Condes recaudarían cerca de $36 mil millones menos —35% para ellos y el 65% restante al FCM—, mientras que comunas como Puente Alto recibirían $4 mil millones menos del FCM.
Si ya existe el BAM, vale preguntarnos si la única política es la exención, pues también se puede trabajar sobre los criterios existentes a través de mecanismos que permitan a los adultos mayores acreditar el peso real del gravamen, sin depender de un corte arbitrario –en línea con la experiencia comparada, que prioriza reglas flexibles antes que exenciones totales. Por ejemplo, en Estados Unidos operan instrumentos de mercado y focalizados, como las hipotecas inversas con respaldo federal, que no obligan a renunciar a la recaudación, pues simplemente postergan su pago hasta la venta o ejecución de una herencia.
Por otro lado, si como sociedad estamos dispuestos a subvencionar la exención total, también vale la pena discutir ampliar la base de pago. Y es que la tasa efectiva (0,89% del avalúo fiscal) es menor a un tercio producto de sus exenciones, mientras que en Santiago, Maipú y Puente Alto es cercana a 0,15%. De ampliarse su base para recaudar lo mismo, estas comunas enfrentarían cuotas cercanas a $20 mil en vez del promedio de $65 mil que pagan, con lo que quienes pagan hoy verían reducida su cuota y, quienes no lo hacen, tendrían un pago menor al 5% del arriendo promedio de cada zona. Ello permitiría focalizar sobre una base amplia sin reducir significativamente la base de financiamiento para áreas verdes y seguridad municipal, entre otros.
La discusión actual asume que la única respuesta al adulto mayor que no puede pagar es eximirlo, una premisa que achica el debate y, peor aún, la base que financia el funcionamiento municipal. Además, abre la puerta a nuevas exenciones, como la primera vivienda, cuyo costo podría superar el 20% de lo recaudado. Esto exige dejar de mirar solo con caridad y diseñar instrumentos con fundamentos, porque la base se achica y la paciencia de los contribuyentes también.
