El proyecto Escuelas Protegidas -aprobado por 105 votos a favor y despachado a ley recientemente por el Congreso- entrega una serie de herramientas largamente esperadas por los educadores, algunas de las cuales son simplemente devolverles la autoridad que nunca debió habérseles quitado.
También resultan interesantes las herramientas preventivas y el endurecimiento de sanciones para quienes alteran la vida escolar y coartan así el derecho a la educación de una gran mayoría de niños y adolescentes.
No obstante, el sistema escolar chileno enfrenta una encrucijada crítica: cómo equilibrar el derecho a la educación de los estudiantes con conductas gravemente disruptivas o violentas, con el derecho de la mayoría a aprender en paz y la dignidad laboral de los docentes. Aquí falta una pieza clave. La legislación actual obliga a las escuelas a absorber la complejidad de estas realidades sin dotarlas de las herramientas, recursos o personal especializado necesarios. El resultado es un preocupante fenómeno de “puerta giratoria” que revictimiza a las comunidades y desplaza la violencia de un recinto a otro, dejando al alumno infractor a la deriva o expuesto a la narcocultura.
Frente a este vacío institucional, creemos que una solución plausible es la creación de centros educativos de provisión educativa alternativa y transitoria. Éstos pueden ser una respuesta técnica, justa y urgente, inspirada en modelos internacionales exitosos. Este tipo de centros no operan como un castigo ni como un destino final. Por el contrario, constituyen un puente de intervención integral. Su meta es estabilizar el comportamiento del menor mediante apoyo psicosocial, terapias y un currículum académico priorizado en aulas reducidas, que combinen alta estructura con calidez pedagógica.
La clave de este tipo de centro radica en su transitoriedad. El estudiante llega a este centro por decisión de un comité interdisciplinario, y al cabo de un plazo de tres a seis meses, evalúa el progreso y planifica el retorno seguro del alumno al sistema regular, previniendo activamente la deserción escolar. No se trata de segregar, sino de proteger el aula común mientras se ofrece una oportunidad real de rehabilitación a quien más lo necesita.
Implementar esta política pública exige voluntad política, gobernanza intersectorial, cambios legales y un financiamiento estatal sólido que garantice la existencia de al menos un centro por comuna. Continuar ignorando este conflicto bajo una falsa premisa de inclusión homogénea es condenar a profesores y alumnos al desgaste y al peligro. Solo así garantizaremos una justicia educativa verdadera y la paz que nuestras aulas demandan con urgencia.
