Tres requerimientos de inconstitucionalidad llegaron el mismo día al Tribunal Constitucional (TC): dos presentados por 21 senadores de oposición, contra la indemnización por Resolución de Calificación Ambiental (RCA) anulada y contra la invariabilidad tributaria, y un tercero de 62 diputados y diputadas que insiste en esos mismos ejes y agrega objeciones a normas de pesca y acuicultura y a los tribunales ambientales.
Los tres textos —a los que obtuvo acceso EL DÍNAMO— ingresaron el 21 de julio, el mismo día en que la Cámara de Diputados ratificó en su tercer trámite constitucional las modificaciones que el Senado había introducido a la megarreforma. Se trata de impugnaciones parcialmente superpuestas —dos artículos son objetados a la vez por senadores y diputados— pero presentadas sin un texto único, lo que deja al TC con tres temas abiertos para una misma ley.
Los senadores: dos requerimientos, dos ejes
El primer requerimiento del bloque senatorial —firmado por 21 senadores y senadoras, entre ellos Alfonso De Urresti (PS), Claudia Pascual (PC), Yasna Provoste (DC), Karol Cariola (PC) y Diego Ibáñez (FA), y representado ante el TC por el propio De Urresti— apunta contra los artículos 12 y 13 del proyecto, que crean un mecanismo para que el Fisco indemnice a los titulares de proyectos de inversión cuando su RCA es anulada por sentencia judicial firme.
El corazón del recurso sostiene que la norma no exige acreditar falta de servicio del Estado para proceder al pago, crea un tribunal arbitral con competencia limitada a fijar el monto —obligado a resolver en 30 días aunque no cuenten con los informes técnicos solicitados— y excluye expresamente la acción de repetición contra el funcionario responsable del error.
Los senadores, en ese sentido, invocan la vulneración de los artículos 19 N°2 (igualdad ante la ley), 19 N°3 (debido proceso), 19 N°8 (derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación) y 38 inciso segundo (responsabilidad del Estado y del funcionario) de la Constitución, y piden que la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 12 y 13 arrastre también a los artículos 14, 15 y 16, por integrar según ellos “una unidad normativa indisoluble”.
El segundo requerimiento, firmado por el mismo bloque de 21 parlamentarios pero representado por la senadora Yasna Provoste, se dirige contra los artículos 29 y 38, que crean un estatuto de invariabilidad tributaria de 10, 15 o 20 años para inversiones que superen los US$50 millones.
El argumento central no recurre a una garantía específica del artículo 19, sino al artículo 4° de la Constitución, que define a Chile como una República democrática: los requirentes sostienen que una ley que no puede modificarse por hasta dos décadas neutraliza la capacidad de las mayorías futuras para decidir sobre política tributaria, vulnerando el principio de alternancia en el poder.
El texto se apoya en el informe que evacuó la Corte Suprema sobre el proyecto, citado extensamente, y en jurisprudencia comparada de España, Italia y Alemania para argumentar que ningún ordenamiento democrático consolidado permite que una ley ordinaria amarre al legislador futuro en materia impositiva.
La ofensiva más amplia: los diputados
El tercer requerimiento, con 62 diputados y diputadas firmantes —entre ellos Boris Barrera (PC) y los FA Jaime Bassa, Gonzalo Winter, Emilia Schneider, Jorge Brito, designado este último como representante ante el TC— es el más extenso de los tres y el que más artículos concentra.
Retoma la impugnación a los artículos 12 y 13 sobre indemnización por RCA anulada, con un desarrollo adicional centrado en el artículo 76 de la Constitución, por estimar que el tribunal arbitral creado invade competencias exclusivas del Poder Judicial.
También repite la objeción al artículo 29 de invariabilidad tributaria, aunque con un set de garantías distinto al de los senadores: además del artículo 4°, invoca el derecho a sufragio (artículos 13 y 15) y la igual repartición de las cargas públicas (artículo 19 N°20).
A esos dos ejes compartidos, el requerimiento de la Cámara suma cuatro objeciones que ningún otro texto plantea. Impugna los artículos 5 y 6, que modifican la Ley General de Pesca y Acuicultura para facilitar la relocalización de concesiones acuícolas y trasladar a las empresas interesadas el financiamiento de los estudios que determinan la existencia de “bancos naturales” protegidos, lo que a juicio de los requirentes vulnera el deber estatal de tutela ambiental del artículo 19 N°8.
También objeta una frase específica del nuevo artículo 20 de la Ley 19.300 —“que no hayan sido evaluados” — que restringe los fundamentos con que terceros que no participaron del proceso de evaluación ambiental pueden reclamar contra una RCA, por estimarla contraria al debido proceso. Y cuestiona el numeral 5 del artículo 17, que limita a un máximo de seis meses la duración de las medidas cautelares que los tribunales ambientales pueden decretar para suspender una RCA, considerando que esa norma vacía de contenido la tutela judicial efectiva.
Los tres requerimientos coinciden en pedir al Tribunal Constitucional que declare inadmisibles o inconstitucionales los preceptos impugnados antes de la promulgación de la ley, y todos solicitan alegatos sobre el fondo.
Su suerte queda ahora en manos del pleno del TC, que deberá pronunciarse en paralelo al trámite pendiente en el Congreso: la comisión mixta por la compensación municipal a raíz de la exención de contribuciones y el veto presidencial que el Ejecutivo prepara contra las normas que la oposición logró instalar durante el segundo trámite en el Senado.
