La CPC, mediante un informe publicado esta semana, reveló que las reclamaciones en tribunales ambientales durante el primer semestre de este año fueron las más altas desde que existen estos tribunales. Hoy hay más de cincuenta proyectos de inversión, por un monto aproximado de US$10 mil millones, congelados en esos mismos tribunales.
El año pasado el Congreso aprobó la Ley 21.770, la reforma que prometía destrabar la inversión y acortar la burocracia. Pero mientras el Estado agilizaba la ventanilla de entrada, una casta de iluminados encontraba en la judicialización ambiental una herramienta eficaz para trabar el sistema y, de paso, llenarse los bolsillos.
Cada sentencia demora, en promedio, 568 días: año y medio con un proyecto detenido, y el costo social que eso implica. El propio Gobierno lo admite. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lo dijo sin rodeos: “Mientras se detienen, se pierden empleos, el Estado pierde recaudación”. Y aun así, el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional —hoy a un paso de convertirse en ley— parece resignarse a pagar el rescate de los proyectos secuestrados en tribunales.
El permiso que da el Estado lo revoca un litigante.
Proyectos que ya pasaron la evaluación técnica, e incluso fueron destrabados por el Comité de Ministros, vuelven a fojas cero por una reclamación. Once de veintinueve, en lo que va del año.
Detrás de esto no hay altruismo. Hay un modelo de negocio.
Un grupo acotado de abogados repite el mismo modus operandi, faena tras faena: patrocinan comunidades, revierten la calificación ambiental, bloquean fuerte y luego negocian: más de medio centenar de proyectos que dejaron de darle empleo y bienestar al país, paralizados por el interés de quienes no defienden más que su propio bolsillo.
No se protege el territorio. Se cobra el porcentaje.
Y aquí conviene ser preciso, porque el punto es delicado. Detrás de muchas de esas reclamaciones hay comunidades que más de una vez han tenido razón. Un embalse sobre un acuífero, una minera mal evaluada: merecen el freno. Para eso se crearon estos tribunales. El derecho a reclamar es legítimo.
Pero una cosa es ejercer el derecho a reclamar. Otra, muy distinta, es usar el sistema para beneficio propio.
¿Cómo se incentiva la inversión si quien convirtió el reclamo en tarifa puede revocar, en serie, lo que la autoridad ya autorizó?
Invertir en tribunales ambientales muchísimo más expeditos aceleraría la tramitación de los proyectos. Apuraría la llegada de sus beneficios a las personas. Y desactivaría, de una vez, el incentivo al negociado: un litigio que se resuelve en semanas, no en 568 días, deja de ser un arma. Vuelve a ser lo que debió ser siempre, un contrapeso.
Los chilenos no deberíamos pagar el rescate.
