El último boletín del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) correspondiente al trimestre móvil marzo-mayo 2026 confirma una tendencia muy preocupante en el mercado laboral chileno. La tasa de desocupación alcanzó un 9,4%, lo que representa un incremento interanual de 0,5 puntos porcentuales. Además, persisten brechas críticas, como la tasa de desocupación femenina que llegó a una tasa anómala del 10,5%.
Sin embargo, más allá de estos indicadores macroeconómicos, el análisis de los datos revela un escenario que podríamos llamar de erosión económica, por la escasa capacidad actual de nuestras empresas para generar empleos formales, con protección de seguridad social.
La ENE nos muestra una realidad muy dolorosa: 981.315 personas desocupadas. Este casi millón de rostros, que no pueden estar satisfechos, ha tenido un aumento anual del 6,9%, impulsado tanto por las personas cesantes (5,9%) como por la incapacidad de absorber a la nueva fuerza laboral, al observar el aumento del 16,4% de quienes buscan trabajo por primera vez.
La debilidad económica se revela en la composición de los empleos. Si bien el total de personas ocupadas experimentó un crecimiento del 0,8% en doce meses, el análisis por categoría ocupacional muestra que los asalariados formales experimentaron una contracción del 1,7%. Podemos señalar que el crecimiento del empleo fue sostenido por actividades con menor seguridad social; los asalariados informales crecieron un 7,1% y los trabajadores por cuenta propia un 5,3%.
La consecuencia directa de este fenómeno es el crecimiento de mercados laborales “paralelos”, donde el salario mínimo, el máximo de jornada laboral, las cotizaciones para pensiones y salud, accidentes del trabajo, brillan por su ausencia. La tasa de ocupación informal escaló al 27,0%, existiendo más de 2,5 millones de personas en esta situación. Se trata de un incremento del 4,6% en un año, impulsado notablemente por el sector privado asalariado (7,2%), sin seguridad social.
Abordar la magnitud de esta crisis exige abandonar el voluntarismo y focalizar los esfuerzos en medidas preempleo, como las planteadas al ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, por la Mesa de Reactivación Laboral, llamada a elaborar propuestas destinadas a enfrentar el deterioro del mercado laboral. Las 22 medidas podrían ordenarse en un eje de tiempo, desde las con impacto inmediato, a las más de largo plazo. Por capacidad de análisis y especialización no nos quedamos cortos, desde el mismo ministro, al presidente de la mesa, el economista David Bravo, y el grupo transversal de alto nivel de economistas, académicos y exautoridades.
Frente a las evidencias empíricas, las respuestas desde la política pública deberían reorientarse, y priorizar reasignaciones hacia programas pro-empleo de corto plazo, con la construcción y obras públicas en un lugar destacado. Es posible satisfacer una parte de las necesidades en salud, educación, conectividad, construyendo y reparando en esos sectores.
Las apelaciones a la retención de personal y a apretarse el cinturón no son las más estimulantes, y resultan ineficaces en un contexto macroeconómico caracterizado por el estancamiento y la debilidad de la demanda. Por cierto, deben continuar los esfuerzos legislativos y ejecutivos en pro de remover las barreras a la inversión. Sin crecimiento económico sostenido, la recuperación del empleo formal será muy pasajera, y estructuralmente inviable. O crecer sin absorber personas desocupadas es socialmente indeseable, a menos de hacer redistribución de ingresos políticamente muy resistida.
