El Gobierno analiza modificar el Decreto Supremo N.º 177 para ampliar de cinco a nueve meses el permiso de residencia de los trabajadores extranjeros de temporada. La medida puede parecer razonable, pero corre el riesgo de transformarse en una solución administrativa para un problema mucho más profundo.
La dificultad principal del sector agrícola no es únicamente cuánto tiempo puede permanecer un trabajador extranjero en Chile. El verdadero problema es que la regulación migratoria continúa sin comprender cómo funciona el trabajo de temporada.
La actividad agrícola no se organiza en relaciones laborales estables y prolongadas con un solo empleador. Los trabajadores se desplazan entre cosechas, predios, empresas y regiones, siguiendo los distintos ciclos productivos. Una persona puede participar en una cosecha, trasladarse después a otra zona y continuar trabajando en packing, poda, selección o procesamiento.
Esa movilidad no es una anomalía. Es parte esencial del funcionamiento del sector.
Por eso, ampliar la duración de un permiso sin facilitar la contratación desde el extranjero, el cambio regular de empleador y la continuidad laboral dentro de la actividad agrícola resuelve muy poco.
En Chile, el trabajo temporal tiene un peso estructural. De acuerdo con antecedentes del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, durante la temporada 2020–2021, el 58,1 % de los trabajadores agrícolas fueron temporales. No estamos, por tanto, ante una modalidad excepcional, sino frente a una de las principales formas de organización laboral del agro.
Esta realidad obliga a formular una pregunta incómoda: ¿cómo puede Chile promover nuevas inversiones agrícolas, modernizar el sector y fortalecer su capacidad exportadora si no cuenta con mecanismos adecuados para asegurar la disponibilidad de trabajadores?
La agricultura chilena necesita inversión, tecnología, infraestructura y eficiencia. Pero también necesita personas. Ningún proceso de modernización sustituye por completo las labores humanas que permiten sembrar, cosechar, seleccionar, embalar y procesar la producción.
Sin trabajadores suficientes, muchas inversiones simplemente no pueden materializarse.
Por eso resulta contradictorio que, mientras el país reconoce la escasez de mano de obra en determinadas actividades agrícolas, mantenga procedimientos migratorios que dificultan el ingreso regular de trabajadores, limitan sus posibilidades de postulación y complican su movilidad entre empleadores.
La consecuencia es previsible: menor certeza para las empresas, mayor informalidad y mayor vulnerabilidad para los propios trabajadores.
Una política migratoria laboral adecuada debería avanzar en una dirección distinta.
Debe permitir la contratación formal desde el extranjero mediante procedimientos simples y previsibles. Debe reconocer que un trabajador de temporada puede prestar servicios para distintos empleadores durante un mismo período. Debe facilitar la movilidad laboral regular dentro del sector y entregar certeza jurídica a empresas y trabajadores.
También debe fortalecer la fiscalización. Pero fiscalizar no significa multiplicar obstáculos para quienes quieren cumplir. Significa distinguir entre quienes contratan de manera formal y quienes se benefician de la precariedad y la irregularidad.
El Estado no puede exigir formalidad y, al mismo tiempo, diseñar procedimientos que hacen difícil alcanzarla.
La discusión tampoco puede limitarse a establecer si un permiso debe durar cinco, nueve o diez meses.
Esa mirada es insuficiente porque sigue tratando el trabajo agrícola como una relación estática, cuando en realidad se trata de una actividad móvil, estacional y territorialmente diversa.
Chile necesita una política migratoria vinculada a su estrategia de desarrollo productivo.
Eso supone reconocer que la migración laboral no es solamente una materia de control administrativo, también es una herramienta de competitividad, inversión y crecimiento.
Si queremos una agricultura moderna, capaz de atraer capital, aumentar su productividad y responder a los mercados internacionales, debemos contar con un sistema migratorio que acompañe esa realidad.
Extender el permiso puede ser un primer paso.
Pero mientras no se facilite el ingreso regular, la contratación oportuna y la movilidad entre empleadores, seguiremos corrigiendo los márgenes sin resolver el problema central.
