La Fiscalía de Atacama, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), logró desarticular una organización acusada de cometer un fraude que defraudó a Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por más de $260 millones mediante la emisión fraudulenta de bonos PAD para prestaciones dentales inexistentes en el centro médico VenNorte de Copiapó.
Según los antecedentes expuestos durante la investigación, el grupo utilizaba las huellas dactilares de pacientes que acudían al recinto para realizarse exámenes de imagenología.
Sin autorización de los usuarios, esos registros biométricos eran empleados para generar bonos por tratamientos odontológicos que jamás fueron efectuados, pero que sí eran cobrados al sistema público de salud.
El caso afecta, hasta ahora, a cerca de 400 personas, incluyendo menores de edad. Como consecuencia, muchos pacientes quedaron impedidos de acceder posteriormente a beneficios odontológicos de Fonasa, ya que en los registros aparecían como si ya hubiesen recibido y utilizado esas prestaciones.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Luis Miranda Flores explicó el funcionamiento de la estructura delictiva y el rol que cumplía cada uno de los cuatro imputados.
“Estamos en condiciones de informar que los imputados idearon la acción delictual a partir de pacientes reales, alrededor de 400 contabilizados a la fecha, algunos de ellos menores de edad, quienes concurrían al VenNorte para realizarse exámenes de imagenología. La huella digital de los usuarios, utilizada en el sistema I-MED, era ocupada de manera ilegal y sin conocimiento de los pacientes para tramitar bonos PAD de atención dental que luego eran cobrados a Fonasa, a pesar de que dichos procedimientos nunca se realizaron”, indicó el persecutor.
El fraude de más de $260 millones que golpeó a Fonasa
Entre los formalizados se encuentra quien sería el líder de la organización, un auxiliar paramédico de odontología venezolano que, de acuerdo con la investigación, además se hacía pasar por médico, motivo por el que también fue imputado por ejercicio ilegal de la profesión.
Asimismo, fueron formalizados el encargado de administrar y distribuir el dinero obtenido mediante el fraude; un médico radiólogo que firmaba informes clínicos y que además prestaba servicios al Servicio de Salud de Atacama; y la recepcionista del recinto, quien habría utilizado el sistema I-MED para registrar las huellas y emitir los bonos fraudulentos, todos venezolanos.
Respecto a la investigación, la jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI Copiapó, subprefecta Cecilia Diez Carrasco, detalló la extensión del fraude.
“El trabajo policial logró establecer que este modus operandi llevaba casi tres años funcionando en este centro médico, por lo que, tras una investigación de largo aliento, se pudo concretar la desarticulación de esta estructura con la detención de sus cuatro integrantes”, sostuvo.
Tras la audiencia, el Juzgado de Garantía de Copiapó decretó la prisión preventiva para el presunto líder de la organización y para el imputado vinculado al manejo de los recursos obtenidos ilícitamente. En tanto, los otros dos acusados deberán cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno mientras continúa el desarrollo de la investigación.
