La tentación en política educacional es la disyuntiva extrema: o se mantiene todo intacto o se destruye para empezar de nuevo. Lo sensato en sistemas con cientos de miles de estudiantes y recursos públicos cuantiosos no es refundar; es corregir. Planteo cinco líneas, ordenadas de lo más urgente a lo más estructural.
Primero, identificar las confusiones. Una cosa es resolver los problemas concretos de un grupo de deudores del CAE; otra, muy distinta, es rediseñar el conjunto del financiamiento y la regulación del sistema. Mezclarlos, como hizo el proyecto FES, paralizó ambas discusiones. Es necesario legislar pronto y por separado el alivio de las deudas críticas. Los ingresos reales de los deudores son inferiores a lo esperado, por la expansión de la matrícula y egresados, por una década de bajo o nulo crecimiento económico, con nuevas tecnologías, lo que lleva a tener subempleo o sobrecalificación, depende de dónde lo analice.
Segundo, rediseñar el CAE. Existe bastante acuerdo en sacar a la banca privada (de hecho, en los créditos nuevos solo participa el BancoEstado), integrar la cobranza al sistema tributario para que sea eficiente, mantener la cuota de pago contingente al ingreso, con una escala porcentual progresiva, y revisar el tope del 10%, que a la luz de la experiencia de Gran Bretaña y Australia podría situarse más cerca del 8%, con tramos inferiores para rentas bajas. Renegociaciones automáticas en caso de morosidad y suspensión de pagos ante cesantía o enfermedad catastrófica. Para los desertores, un tratamiento diferenciado: no es razonable exigirles lo mismo que a quien se tituló.
Tercero, transformar el instrumento en un fondo de apoyo a los estudiantes. Un fondo que se constituya con aportes del presupuesto anual más lo que hoy figura como acreencias, y que en régimen se sostenga con los pagos de los deudores y aportes públicos. El carácter solidario nace del compromiso de cada generación beneficiada de contribuir a la siguiente. No es novedoso, pero sí más equitativo y eficaz que el esquema actual.
Cuarto, el copago es fundamental. En un escenario de estrechez fiscal, eliminar el aporte voluntario de las familias es insostenible para las instituciones. Si el Estado mantiene su gasto y se corta una parte significativa del financiamiento privado, los ingresos totales del sistema caen y la calidad cae con ellos. No hay magia. El copago, en condiciones de buena información y supervisión, sostiene la diversidad, calidad y autonomía.
Quinto, y más de fondo, analizar la gratuidad. Es el componente que más recursos consume, y es donde menos se quiere mirar. No se trata de eliminarla, lo que sería injusto e inviable, sino de preguntarse si su diseño actual —abierto, sin cupo total, con aranceles de referencia irreales— es el mejor en términos de equidad intra e intergeneracional. En los sistemas que tienen educación superior sin pago, el Estado controla el monto total y, por lo tanto, el número de beneficiarios. Una estructura de subsidios decrecientes, en lugar de un corte abrupto, reduciría el incentivo a la manipulación que hoy hace “desaparecer” al séptimo decil. Sostener calidad con cobertura abierta y recursos limitados es una contradicción que tarde o temprano se paga.
Las preguntas, que tocan a quienes plantean que deben ser más exigentes los filtros para ingresar a las universidades, son: quién y cómo se define ese filtro, y cómo se enfrenta la disminución de matrícula y cobertura en las universidades, que reduciría más que proporcionalmente el acceso de los postulantes de menor nivel socioeconómico. Esas preguntas muchas veces ni siquiera se plantean como interrogantes al debatir los niveles académicos de la admisión.
Los economistas no somos profesionales que despierten simpatía: nuestra tarea consiste, casi siempre, en recordar que lo deseable no alcanza para todo, y si se puede lograr, no es al mismo tiempo. No nos corresponde decidir los fines —eso es del terreno de la política— sino advertir las inconsistencias y las consecuencias de cada camino. Y la inconsistencia mayor de este ciclo fue prometer en el lenguaje de un derecho universal lo que la caja fiscal podía financiar como un subsidio acotado.
Necesario apoyo para pagar los aranceles
El apoyo a los aranceles no es un problema de marketing ni de nombres. Da lo mismo si lo llamamos CAE, FES o fondo solidario, porque algunas cosas son evidentes: Si hay pago posterior y no se cobra, no se financia; si se entrega y debe devolverse, es un crédito; si se paga con independencia de lo recibido, es un impuesto. Las cosas son lo que son, y evitar nombrarlas no cambia su naturaleza.
Se han usado ocho billones en esos apoyos, con una morosidad del CAE y Fondo Solidario cercana al 65%. Ella ha sido inducida, en buena parte, por anuncios de condonación; tenemos una recompra a los bancos que crece a medida que nadie paga, y se ha estimado que una condonación total costaría casi cuatro puntos del producto y beneficiaría sobre todo a quien ya puede pagar. Frente a ese cuadro, la pregunta atribuida a Keynes deja de ser retórica. “Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted, señor?”. Los hechos cambiaron; el financiamiento público es hoy más estrecho que cuando todo esto se prometió. Lo responsable, lo que el país necesita, es cambiar de opinión a tiempo.
Aliviar una deuda impagable es deseable; hacerlo de manera universal y regresiva no lo es. Pagar lo que se recibió, cuando hay capacidad de hacerlo, no es una falla del sistema: es un deber moral. La verdadera deuda, al final, no la tenemos con quien ya egresó y encontró empleo. La tenemos con los niños, jóvenes y adultos mayores que aún no entran a una sala con educación de calidad.
