Puede que en los últimos días hayamos presenciado una suerte de milagro. La izquierda, al parecer, estaría despertando del largo coma en que entró en diciembre, tras la paliza electoral que sufrió frente a José Antonio Kast. Buena parte de ese sector, vaya uno a saber si de manera coordinada, se empecinó en la tarea de colgarle al gobierno el título de ultraderechista.
Carolina Tohá, Álvaro Elizalde, Camila Vallejo, seguidos por algunos intelectuales, columnistas y lobistas, han coincidido en plantear (matices más, matices menos) su preocupación por el riesgo en que hoy estaría nuestra democracia con Kast en La Moneda. Porque, pese a que no se atreven a decirlo con todas sus letras, no seamos ingenuos, ese es el mensaje implícito de esta arremetida: para ellos, este gobierno representaría una amenaza concreta a la institucionalidad. Eso es lo que quieren instalar.
¿En qué se basan para tamaña acusación? En poquito. Principalmente en suposiciones elaboradas, primero, a partir de lo que Kast dijo en su minuto como diputado o candidato y, luego, en los liderazgos internacionales con los que ha expresado alguna sintonía. Fácil: como esos referentes son identificables con la ultraderecha, el Presidente se estaría transformando, producto de un alambicado efecto espejo, en un gobernante autoritario.
Bastante absurdo, porque si aplicáramos esa misma lógica tan precaria y disparatada, todos tendríamos que haber acusado de autoritaria o antidemocrática a Michelle Bachelet luego de que abandonó corriendo una ceremonia oficial en La Habana para reunirse con Fidel Castro y expresarle su admiración. Ridículo.
Pero volvamos a Vallejo, Tohá y Elizalde. Llama la atención que hoy adviertan su temor por un eventual domicilio ultra del gobierno, cuando hace apenas un par de años fueron de los principales impulsores y partidarios de lo más radical que se ha querido imponer en Chile en los últimos 36 años.
Los tres llamaron a votar en favor de la primera propuesta de nueva Constitución. Ese texto era algo concreto, escrito y sometido a un procedimiento formal. Ellos tres querían y trabajaron para que nuestra vida política y social quedara determinada en función de las barbaridades que impuso la mayoría de izquierda en la Convención Constitucional. Y esa no era cualquier izquierda, era una que se dedicó a funar, amenazar, denostar, omitir y cancelar a quienes pensaban distinto. “Los acuerdos los vamos a poner nosotros”, repetían con prepotencia y orgullo.
Lo que salió de ahí sí que era ultra, sí que buscaba anular al adversario, sí que borraba de un plumazo buena parte de nuestra institucionalidad. Eso sí era realmente extremo y quedó plasmado en un texto que salió de un organismo formal y que luego hubo que plebiscitar. No fueron sólo declaraciones ni gestos circunstanciales.
Ellos tres, Elizalde, Vallejo y Tohá, hace sólo cuatro años, se pararon con mucho entusiasmo en la misma vereda de los que tildaron de dictador al Presidente Sebastián Piñera, de los que acusaron de asesinos a Carabineros, de contar con centros de tortura en el Metro y presionaron por refundar la institución. De los que justificaron o minimizaron el “El que baila pasa”, las barricadas, las tomas ilegales y la inmigración ilegal. De los que querían eliminar el Senado. De los que quemaron o pintaron de negro nuestra bandera y pifiaron el himno patrio. Para Tohá, Elizalde y Vallejo, al parecer, eso no era “ultra”, no era de extrema izquierda, no era un atentado a nuestra institucionalidad, no ponía en riesgo nuestra democracia. Ahí no dijeron nada o, con suerte, hablaron bajito. Curioso.
Si la preocupación por la democracia y el auge de los extremos es genuina, no puede ser selectiva ni menos por conveniencia. O se defiende la institucionalidad siempre, o, por coherencia, se guarda silencio y se busca otra vía para intentar resucitar y rearmarse como oposición. Porque hasta ahora, de propuestas de futuro, nada.
