Un informe de la Contraloría General de la República evidenció prolongadas demoras en los sumarios administrativos de funcionarios públicos. De acuerdo con el consolidado n°25 de la institución que comanda Dorothy Pérez, son 485 los servidores que se encuentran bajo suspensión preventiva y con goce de sueldo, desde al menos marzo de 2020 o una fecha posterior.
Si bien el Estatuto Administrativo establece que los funcionarios suspendidos podrán seguir percibiendo sus remuneraciones, su expiran los plazos para concluir el sumario, se debe acelerar la tramitación y evaluar la eventual responsabilidad del fiscal sumariante. En vista de esta disposición, el órgano fiscalizador ofició a 669 organismos públicos, salvo municipios, para que informaran sobre la cantidad de funcionarios bajo suspensión preventiva.
Estas entidades informaron que son 485 los funcionarios bajo esa especie de medida cautelar. Los casos críticos, es decir, aquellos que llevan cuatro años o más suspendidos son trece. La Contraloría estima que el fisco ha desembolsado $671.426.189 en remuneraciones solo respecto de los diez funcionarios con períodos de suspensión más prolongados.
El organismo también contabilizó 17 casos en que la suspensión se ha prolongado entre tres y cuatro años; 44 de entre dos a tres años y 147 que se han extendido entre uno y dos años. Por otra parte, son 171 los casos en que la suspensión abarcó entre un año y siete meses; y 93 entre seis y cuatro meses.
Otro de los hallazgos del informe fue que hubo 14 funcionarios públicos suspendidos preventivamente que registran otras actividades remuneradas durante su período de suspensión, según datos del SII.
Contraloría instruye trasladar 30 casos a sus dependencias
La Contraloría también detectó que algunos de estos casos se relacionaban con otras investigaciones. Hubo dos funcionarios que, en su periodo de suspensión, cumplían una medida cautelar de prisión preventiva, con ocasión de una causa penal, en el Centro Penitenciario de Copiapó; 33 que salieron al extranjero mientras hacían uso de licencia médica y 15 que asistieron a casinos mientras estaban bajo reposo médico.
Asimismo, el informe dio cuenta de que un fiscal sumariante que decretó una suspensión preventiva estaba bajo esta misma medida y de 20 casos en que los sumarios de funcionarios suspendidos están a cargo de un fiscal que ya no desempeña funciones en la entidad.
Ante estos hallazgos, la Contraloría dispuso trasladar, a sus dependencias, 30 casos con más de tres años de suspensión para continuar su tramitación, exigir medidas para agilizar los procesos y determinar eventuales responsabilidades por las demoras.
