La semana pasada, la Cámara despachó al Senado la reforma al Sistema de Admisión Escolar. Por 111 votos contra 28, volvió el mérito, retrocedió el azar y buena parte de la clase política celebró el fin de la tómbola.
Sin duda es algo para celebrar. Sin embargo, no resuelve el fondo.
Volveremos a tener un sistema de admisión más razonable, pero que seguirá repartiendo los cupos de los pocos colegios buenos que quedan, en vez de preguntarnos por qué quedan tan pocos.
El problema de fondo no es la admisión. Es la escasez.
Que el mérito reemplace al sorteo es una buena noticia. Rifar los cupos fue uno de los grandes autoengaños de la última década. El azar podía distribuir la frustración, pero no crear excelencia. Podía impedir que un liceo escogiera entre sus postulantes, pero nunca conseguir que todos los establecimientos fueran igualmente buenos.
Mientras tanto, el Instituto Nacional cayó del lugar 96 nacional en la PSU de 2017 al puesto 360 en la PAES 2025. En apenas ocho años, el que fue durante generaciones una formidable máquina de movilidad social —la joya docente del Estado— terminó convertido en uno más del promedio.
Es cierto que esto no ocurrió solamente por el Sistema de Admisión Escolar. Hubo violencia, paralizaciones, pérdida de autoridad y una pandemia demasiado larga. Pero sería otro autoengaño negar que a los liceos de excelencia se les prohibió hacer aquello que justificaba su existencia: reunir talento, exigirlo y cultivarlo.
El problema, entonces, no termina en la puerta del colegio. Comienza allí.
Podemos volver a seleccionar mejor a quienes ingresan, pero seguiremos entregándolos a una educación estatal fracasada. Primero culpamos a los municipios. Luego, los reemplazamos por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), bajo la promesa de recuperar los aprendizajes.
Ocho años después, esa promesa no se ha cumplido. En general, los colegios traspasados no muestran mejoras académicas significativas.
Cambió el administrador, pero no el resultado.
La alternativa no es inventar la rueda. Más de la mitad de los estudiantes chilenos ya asiste a colegios particulares subvencionados. No es una teoría académica, sino la decisión concreta de familias que buscan un lugar donde sus hijos aprendan y estén protegidos.
El desafío es extender esa oferta donde más cuesta hacerlo. El financiamiento por alumno exige que cada establecimiento alcance por sí solo una escala suficiente, algo difícil en comunas pequeñas o vulnerables. El Estado podría licitar proyectos educativos en red: permitir que un sostenedor administre varios colegios y exigirle, a cambio de operar en zonas atractivas, asumir también establecimientos donde los costos son mayores.
Así, los buenos proyectos podrían crecer sin depender de la viabilidad de cada establecimiento por separado.
La misión del Estado no es contratar al director, reparar los baños o comprar los cuadernos. Es hacer aquello que solo él puede hacer: financiar, fijar estándares, exigir cobertura y fiscalizar su cumplimiento.
Su gestión directa debería concentrarse en una tarea estratégica: recuperar y multiplicar los liceos públicos de excelencia. Chile necesita muchos Institutos Nacionales en regiones, capaces de identificar el talento y darle la oportunidad que su origen no puede comprar.
El resto del sistema puede operar mediante redes particulares subvencionadas o privadas, bajo incentivos bien diseñados y sujetas a reglas estrictas y resultados verificables. No se trata de retirar al Estado de la educación, sino de que deje de confundir garantizarla con administrarla.
El fin de la tómbola reordena la fila, pero la fila sigue igual.
