La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2026 y la Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Global de la Inteligencia Artificial, celebradas en Shanghái, tuvieron lugar en un momento decisivo. La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una tecnología emergente circunscrita a ciertos laboratorios o sectores productivos: hoy es una infraestructura transversal que reorganiza la producción de conocimiento, la economía, la educación, la salud, las comunicaciones y la gestión pública, al tiempo que modifica las relaciones de poder dentro de las sociedades y entre los países.
Por ello, su gobernanza no puede reducirse a estándares técnicos, a la seguridad o a la regulación. Es, ante todo, una discusión política sobre el desarrollo que queremos construir, quién participa en las decisiones y cómo se distribuyen los beneficios y los riesgos del cambio tecnológico.
La declaración de la conferencia y el Plan de Acción para el Desarrollo y la Cooperación Global en Inteligencia Artificial proponen una IA centrada en las personas, orientada al bien común, segura, abierta e inclusiva. Junto con reconocer el derecho de los países en desarrollo a participar en la formulación de las reglas internacionales, plantean acciones en materia de datos, capacidad de cómputo, ecosistemas de código abierto, formación de talentos, aplicaciones sectoriales, estándares, seguridad y ética.
Desde América Latina y el Caribe, estas definiciones merecen ser valoradas. Durante demasiado tiempo, la gobernanza tecnológica global ha sido diseñada por un reducido grupo de países y grandes corporaciones, mientras que gran parte del mundo actúa como consumidora de plataformas, proveedora de datos o receptora de normas elaboradas en otros centros de poder. Reconocer esta asimetría es un primer paso, pero el éxito deberá medirse por la capacidad de generar instituciones eficaces, nuevas relaciones de cooperación y capacidades científicas y tecnológicas distribuidas con mayor equidad.
Participar exige tener capacidades
La brecha en inteligencia artificial no se limita a la conectividad ni al acceso a determinadas aplicaciones. Comprende la concentración de infraestructura de cómputo y de datos, talento avanzado, financiamiento, modelos fundacionales y plataformas digitales en unas pocas potencias y corporaciones, capaces de definir las trayectorias tecnológicas y las condiciones de acceso. En ese contexto, invitar al Sur Global a participar en la gobernanza será insuficiente si sus países carecen de capacidades para intervenir con autonomía. La representación diplomática debe ir acompañada de conocimiento, de instituciones científicas sólidas, de infraestructura y de capacidad regulatoria.
La pandemia de COVID-19 es una advertencia. América Latina y el Caribe pagaron un costo humano desproporcionado, entre otras razones, debido a su insuficiente capacidad para producir vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias críticas. La cooperación internacional salvó innumerables vidas, pero la crisis también mostró que depender casi por completo de recursos externos reduce los márgenes de decisión justo cuando más se necesitan. En IA podría repetirse ese patrón si la región no fortalece su infraestructura digital, sus universidades, sus centros de investigación y la formación de capital humano.
Como investigador biomédico, he observado las extraordinarias posibilidades de la IA para analizar datos clínicos, mejorar el diagnóstico, apoyar la medicina personalizada y acelerar el descubrimiento científico. Pero en salud también se aprecian sus riesgos: sesgos en los datos, pérdida de privacidad, opacidad algorítmica y dependencia de plataformas externas para procesar información sensible. La adopción tecnológica no basta; se requiere capacidad pública para evaluar, adaptar, supervisar y, cuando sea necesario, desarrollar soluciones propias.
Soberanía tecnológica no significa aislamiento
Para América Latina, la IA debe entenderse también como un problema de soberanía tecnológica. Esto no implica aislamiento ni una aspiración irreal de autosuficiencia: ningún país puede dominar por sí solo todas las capas de una tecnología tan compleja. Soberanía significa reducir vulnerabilidades críticas, proteger los datos estratégicos, escoger entre alternativas tecnológicas, adaptar los sistemas a las necesidades locales y participar en condiciones más equilibradas en las redes globales de innovación.
Cooperación y autonomía, por tanto, no son conceptos opuestos. La cooperación puede ampliar la autonomía cuando forma personas, crea infraestructura compartida, fortalece instituciones y genera conocimiento conjunto; pero puede profundizar la dependencia si se limita a transferir plataformas cerradas, a vender servicios o a capturar datos sin desarrollar capacidades locales.
Este criterio debería guiar las relaciones entre China y América Latina y el Caribe. China ha demostrado la importancia de la planificación a largo plazo, la inversión sostenida en educación, ciencia e infraestructura, y la articulación entre la política pública y el desarrollo tecnológico. Su experiencia ofrece oportunidades de aprendizaje y colaboración para nuestra región. Sin embargo, una agenda transformadora debe ir más allá de adquirir equipamiento o de acceder comercialmente a soluciones digitales para avanzar hacia el codiseño, la investigación conjunta y el fortalecimiento de los ecosistemas regionales de innovación.
El Plan de Acción adoptado en Shanghái abre posibilidades en esa dirección al proponer servicios de cómputo accesibles, corpus multilingües, conjuntos de datos de calidad, modelos abiertos, formación de talentos y aplicaciones en áreas prioritarias. Para ser efectivamente inclusivas, estas iniciativas deberían traducirse en compromisos verificables, proyectos conjuntos a largo plazo y mecanismos transparentes de evaluación.
Gobernar es también desarrollar
La necesidad de regular los riesgos de la IA se ha consolidado en el debate internacional. La discriminación algorítmica, la desinformación, la vigilancia masiva, el desplazamiento laboral, la concentración económica y los usos militares o delictivos exigen normas, supervisión y cooperación. Sin embargo, para los países en desarrollo, gobernar no puede limitarse a mitigar los daños causados por tecnologías desarrolladas fuera de sus fronteras. Significa también decidir qué capacidades se construirán, qué problemas públicos se priorizarán y qué actores participarán. Una política centrada exclusivamente en la regulación o en la productividad puede terminar administrando la dependencia y ampliando las desigualdades.
Chile ofrece una experiencia relevante, aunque aún incompleta. La Política Nacional de Inteligencia Artificial, publicada en 2021 y posteriormente actualizada, se organizó en torno a tres dimensiones: factores habilitantes; desarrollo y adopción; y gobernanza y ética. Su elaboración contó con la participación de universidades, organismos públicos, empresas, la sociedad civil y especialistas. Esa estructura expresó una convicción importante: la legitimidad de la transformación tecnológica depende tanto de su capacidad de innovación como de su contribución al bienestar colectivo, a la protección de los derechos y a la reducción de las desigualdades.
La principal lección es que la IA requiere institucionalidad, continuidad y visión a largo plazo. No basta con financiar proyectos aislados ni con reaccionar ante cada nueva herramienta. Se necesitan políticas de Estado, inversión sostenida en investigación y desarrollo, infraestructura de cómputo, datos de interés público, formación en todos los niveles y organismos capaces de fiscalizar sistemas de alto impacto. También es necesaria la deliberación democrática, porque las decisiones tecnológicas expresan prioridades, distribuyen recursos y reflejan una concepción determinada de la sociedad.
Universidades y bienes públicos para una cooperación diferente
Las universidades deben ocupar un lugar central en esta agenda. Además de formar especialistas y producir conocimiento, pueden evaluar críticamente las tecnologías, conectar disciplinas y generar confianza entre las sociedades. La IA no es un asunto exclusivo de ingenieros o de empresas tecnológicas: requiere la participación de las ciencias sociales, las humanidades, la salud, el derecho, las artes y las comunidades cuyos datos, lenguas y formas de vida serán incorporados a los sistemas algorítmicos.
América Latina y el Caribe poseen experiencias capaces de enriquecer la gobernanza global: políticas de protección social, sistemas de salud pública, avances en gobierno digital y en la protección de datos, diversidad cultural y lingüística, y una larga reflexión sobre la desigualdad y la dependencia. Sin embargo, su voz seguirá fragmentada mientras no se fortalezca la cooperación regional.
Una agenda China-América Latina en IA podría concentrarse en objetivos tangibles: centros conjuntos de investigación y formación; infraestructura regional de cómputo con reglas claras de acceso; repositorios de datos públicos protegidos y representativos; modelos lingüísticos que incorporen español, portugués y lenguas indígenas; aplicaciones abiertas en salud, educación, agricultura y respuesta ante desastres; movilidad de investigadores y estudiantes; y espacios permanentes de diálogo regulatorio. Estos proyectos deberían asegurar la gobernanza compartida, la protección de datos, la transferencia efectiva de conocimiento y la evaluación de sus impactos sociales y ambientales.
Las nuevas instancias internacionales de cooperación en IA serán una oportunidad si fortalecen el sistema multilateral, en particular el papel de las Naciones Unidas, y aumentan de manera sustantiva la influencia de los países en desarrollo. Su legitimidad deberá demostrarse mediante reglas transparentes, una participación equilibrada y la capacidad de producir bienes públicos globales accesibles también para quienes no controlan las tecnologías más avanzadas.
Una gobernanza orientada a la libertad y la dignidad
La IA puede acelerar la investigación científica, ampliar el acceso a la salud y la educación, mejorar la adaptación al cambio climático y fortalecer la gestión pública. También puede profundizar las desigualdades, concentrar el poder y erosionar la autonomía de las personas y de los Estados. El resultado dependerá de las instituciones, las decisiones políticas y las formas de cooperación que construyamos.
La discusión no debe quedar atrapada entre la tecnofobia y un optimismo tecnológico ingenuo. El desafío es orientar la innovación mediante principios democráticos, instituciones públicas sólidas y la cooperación internacional. La ciencia y la tecnología deben entenderse no solo como factores de productividad, sino también como bienes públicos y como componentes de un derecho social al conocimiento. Su valor último reside en ampliar la libertad, la dignidad y las oportunidades de las personas.
La Conferencia de Shanghái ha planteado una aspiración necesaria: una gobernanza global de la IA más justa, abierta e inclusiva. Para hacerla realidad, el Sur Global debe pasar de receptor a coproductor, de usuario a actor con capacidad de decisión y de objeto de asistencia a socio en la construcción de conocimiento. Esto exige compromisos de todas las partes y una mayor voluntad por parte de los países latinoamericanos para invertir, cooperar e integrarse. El futuro no será definido únicamente por quienes desarrollen los algoritmos más poderosos, sino por las sociedades capaces de utilizar el conocimiento para construir mayor justicia, sostenibilidad y cooperación. La gobernanza global de la IA será verdaderamente democrática cuando todos los países puedan contribuir a ese futuro y no simplemente adaptarse a uno diseñado por otros.
