La política hispana atraviesa por una de sus horas más complejas y convulsas, marcada por una acumulación inédita de tensiones migratorias, económicas e institucionales, que redundan en un deteriorado cuadro de gobernabilidad. En el centro de esta tormenta perfecta se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha anunciado recientemente que se tomará el fin de semana para reflexionar si convoca o no a elecciones generales anticipadas. Su gestión se ve crecientemente acorralada por tres frentes críticos que no solo minan la confianza pública, sino que amenazan de manera directa la estabilidad de su mandato: la crisis migratoria e institucional en Ceuta, la inasequible factura de la vivienda que asfixia a las familias y los graves escándalos de corrupción que salpican a su entorno político y familiar más íntimo. Tanto agobia a la administración, al PSOE y al propio Sánchez este cuadro que ha decidido arrancar hacia adelante, y aunque con Sanchez nunca se sabe, someter al país al estrés de mantenerlo en vilo hasta que considere lo que más le conviene para sus pretensiones, parece un acto de gran irresponsabilidad política.
¿Qué elementos configuran este delicado panorama?
En primer lugar, emerge uno de carácter geopolítico, representado por la situación en Ceuta que implica una vulneración abierta y reiterada de las fronteras soberanas de España y de la Unión Europea. La presión migratoria desbordada sobre la ciudad autónoma trasciende la dimensión puramente humanitaria para convertirse en un severo desafío de seguridad nacional y diplomática. La fragilidad de la respuesta del Ejecutivo, caracterizada por la improvisación y la falta de una estrategia firme frente a las dinámicas del norte de África, expone una preocupante debilidad estatal. Este descontrol fronterizo, acontecido hace sesenta días, no solo genera inquietud e inseguridad en los ciudadanos ceutíes, sino que debilita el crédito internacional de España como garante del límite exterior europeo. Como una forma de suplir las debilidades exhibidas por el gobierno en este tema, los reyes han anunciado que visitarán
Ceuta y Melilla, los próximos días 13 y 14 de octubre. Esto después de dos meses en que el Presidente no autorizó a los monarcas a viajar a dichas localidades, a pesar de las constantes muestras de preocupación de Felipe VI por lo que sucedía.
En estos últimos días, estalló otro foco de conflicto. La gota que parece estar rebalsando el vaso. Un asunto que se arrastra ya por varios años y que sitúa la crisis de la vivienda como el principal problema socioeconómico del país, con especial virulencia entre los jóvenes y las familias de clase media. Las políticas promovidas por el Palacio de la Moncloa, lejos de contener el alza del mercado, han exacerbado la distorsión entre la oferta y la demanda. La inseguridad jurídica generada por intervenciones regulatorias muy desafortunadas y que el Congreso se ha encargado de rechazar, ha retraído el mercado del alquiler, elevando los precios a máximos históricos y convirtiendo el acceso a un techo digno en un privilegio inalcanzable. Este fracaso estructural- acompañado de una casi nula construcción de nuevas viviendas por parte del gobierno- refleja la enorme distancia entre la retórica gubernamental sobre justicia social y las duras condiciones materiales que padece la ciudadanía en su día a día. La popular Puerta del Sol, en pleno Madrid, se ha erigido en el símbolo de este desborde social. En la actualidad, se encuentra “tomada” por más de mil manifestantes que, con carpas e instalaciones improvisadas, levantan consignas contra empresarios del sector, además de interpelar a las autoridades, especialmente a las de derecha.
Finalmente, la sombra de la corrupción ha penetrado también en el corazón mismo del poder político. Las investigaciones judiciales que afectan directamente a la estructura orgánica del Partido Socialista y al entorno familiar más cercano del presidente, han quebrado la bandera de la regeneración democrática sobre la que Sánchez levanto su proyecto político. La ausencia de explicaciones convincentes y la estrategia de atrincheramiento institucional menoscaban de forma severa el prestigio de las instituciones democráticas, especialmente las vinculadas al poder judicial. La corrupción, cuando roza los círculos de máxima responsabilidad estatal, deja de ser un problema coyuntural para transformarse en una profunda crisis de legitimidad moral e institucional y ese parece ser el caso de España.
El panorama para el Gobierno se torna cada vez más inhóspito. La confluencia de estos factores críticos, sumado a que se gobierna sin presupuestos aprobados hace más de tres años, y al hecho que la actual legislatura está en sus meses finales, dan cuenta de un escenario de agotamiento político indiscutible.
Gobernar de espaldas a estas realidades resulta imposible. Sin embargo, Sánchez, a un costo muy alto para su país, todavía resiste. Veremos por cuánto. Tras su reciente anuncio de subir al monte a discernir el futuro, el tablero se mueve. Independiente de lo que resuelva, lo que sí resulta claro es que España exige una rectificación profunda, un liderazgo responsable y una restitución urgente de los principios de transparencia, rigor e interés general que deben guiar el ejercicio del poder público. Los ciudadanos tienen la palabra.
