La participación de adolescentes en delitos violentos exige una respuesta estatal seria. No cabe desconocer la gravedad de delitos como el homicidio, el secuestro, la violación con homicidio o los atentados contra policías o Gendarmería. Tampoco la existencia de jóvenes cuyas trayectorias de reincidencia demandan intervención eficaz.
Desde esta perspectiva, el proyecto del Boletín N° 15.589-07, en segundo trámite constitucional ante el Senado, busca fortalecer la respuesta ante delitos de especial gravedad. Su discusión ha incluido rebajar de 14 a 13 años la edad de responsabilidad penal y aplicar el régimen adulto a adolescentes de 16 y 17 años reincidentes o involucrados en delitos graves. Respecto de esta última alternativa, el Gobierno desistió del mecanismo de transferencia que habría permitido juzgarlos como adultos.
La preocupación es legítima. Sin embargo, la rebaja de 14 a 13 años no parece adecuada. La justicia penal adolescente no es una versión atenuada del sistema adulto, sino un régimen especial para personas en pleno desarrollo. Se trata de menores de edad en una etapa temprana de crecimiento, lo que exige privilegiar respuestas preventivas antes que una intervención penal más precoz.
Según el informe Responsabilidad Penal Adolescente en Chile del Ministerio Público, de julio de este año, la mayoría de los adolescentes infractores corresponde a jóvenes de 16 y 17 años, confirmándose que la participación delictiva aumenta hacia el final de la adolescencia. Extender el sistema penal hacia edades inferiores no responde al perfil predominante del fenómeno.
El informe confirma, además, que se trata de una realidad concentrada. El 10% de los infractores reúne el 43% de los delitos, mientras solo un 2,4% del estudio mantiene una trayectoria persistente y concentra el 13,4% de los hechos. La mayoría presenta trayectorias de baja intensidad y desistimiento temprano.
La rebaja de la edad presenta, además, un riesgo advertido expresamente por la Defensoría de la Niñez en septiembre del año 2025, y es que las organizaciones criminales pueden responder reclutando a niños aún menores para utilizarlos en la comisión de delitos. Esta preocupación encuentra respaldo en el informe del Ministerio Público, que revela que cerca de uno de cada cinco casos involucra la participación conjunta de adolescentes y adultos, y que esta coparticipación se ha desplazado hacia ilícitos asociados al crimen organizado, especialmente de drogas y armas.
Estas cifras aconsejan no concentrar la respuesta estatal en ampliar la intervención punitiva sobre niños y adolescentes, sino en perseguir con mayor rigor a quienes los reclutan e instrumentalizan, sancionar específicamente dichas conductas y fortalecer una prevención temprana y focalizada sobre factores de riesgo como la deserción escolar, el consumo de drogas y el acceso a armamento.
También debe ponderarse la capacidad del sistema. El proyecto busca modificar las reglas de determinación de la pena, para privilegiar la internación en régimen cerrado, restringiendo la libertad asistida especial para penas de tres años o más. Sobre ello, la Defensoría de la Niñez, el pasado 12 de agosto en la Comisión de Constitución del Senado, proyectó en esta propuesta legislativa un aumento relevante de adolescentes en regímenes privativos de libertad, e informó “que los índices de privación de libertad subirían de 209 adolescentes a 804 en régimen cerrado y de 551 a 701 en internación parcial”.
Si la reforma se traduce en un mayor cumplimiento efectivo de penas privativas de libertad, sin asegurar infraestructura, especialización y programas eficaces, el endurecimiento puede debilitar la reinserción y, con ello, la seguridad pública que busca fortalecer.
