A fines de la década de los 90, era habitual que economistas -locales y extranjeros-, académicos y, por consecuancia, los medios de comunicación hablaran del “Milagro chileno”, en referencia a los muy buenos resultados de ciertas políticas económicas que permitieron reducir drásticamente la pobreza, las tasas de desempleo y aumentar el bienestar y desarrollo del país.
Bastante tiempo después y sin que nos diéramos cuenta, en el gobierno de Gabriel Boric habría ocurrido otro milagro. Gracias a una publicación de La Tercera durante esta semana, fuimos alertados de la hazaña.
En los últimos cuatro años, los empleados fiscales del país superaron a todos sus antecesores en términos de eficiencia y rendimiento. Según los datos expuestos, los funcionarios públicos chilenos no tienen nada que envidiarles a sus pares de Oslo, Helsinki y Estocolmo, ya que el 97,45% de ellos obtuvo la calificación máxima en su evaluación de desempeño entre 2022 y 2025. Para ponerse de pie. No nos habíamos dado cuenta, pero ahora gozamos de atenciones expeditas y amables. No hay más filas ni largas esperas. Los trámites engorrosos son cosa del tercer mundo y no nuestra. La burocracia se extinguió.
Veamos la excelencia con más detalle: la calificación más alta respecto del total de funcionarios fue para el 96,1% de ellos, en 2022; 97,8%, en el 2023 y 98,5%, en 2024. Más aún, el año pasado, de 222.848 funcionarios evaluados, apenas 70 -el 0,03%- cayeron en la lista que habilita una desvinculación inmediata. O sea, más escandinavos no podemos ser.
Ahora, y sin ironía, si miramos estos datos con los del uso irregular de liciencias médicas descubierto por Contraloría el año pasado, nos podemos armar un cuadro más completo. De acuerdo al DF, un informe de la Dipres enviado al Congreso precisó que 35.212 funcionarios fueron sorprendidos en la trampa. De ellos, 27.113 -ocho de cada diez- seguían trabajando con total normalidad en la misma repartición que los vio torcer las reglas. Quince meses después de destapado el caso, apenas 596 han sido destituidos.
Es todo este entuerto el que el gobierno del Presidente Kast intenta finalmente desmontar, aunque sea de a poco, y ahí tropieza con su obstáculo más previsible. La semana pasada se anunció la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, con doce expertos transversales convocados a repensar el Estatuto Administrativo, y las primeras voces en oponerse, otra vez, fueron las asociaciones que representan a los propios funcionarios evaluados. No defienden el mérito, defienden el promedio, y lo hacen incurriendo en una paradoja exquisita. Las mismas organizaciones que con toda razón se declaran herederas de la lucha contra Pinochet defienden con una vehemencia casi idéntica las normas que el propio general dejó fijadas hace treinta y siete años.
Esa misma resistencia explica por qué, cuando a un funcionario lo sorprenden fingiendo una dolencia para irse al Caribe, al campo o a ver un partido de fútbol en el estadio, la reacción casi nunca es la renuncia. Presenta un recurso, y luego otro, aferrado al empleo fiscal con la tenacidad de quien se sujeta a un salvavidas que jamás estuvo en riesgo de hundirse.
Lo sabemos, Chile no es Finlandia, ni Noruega, ni Suecia, por mucho que la aritmética fiscal insista en sugerirlo. El milagro no ha llegado. El 97,45% no mide la excelencia de un Estado, mide la eficacia con que ese Estado ha aprendido a no mirarse en el espejo y a saltarse la fila.
