Con genuina sorpresa nos enteramos de que no habría claridad conceptual respecto al atraso de la implementación global de la Nueva Educación Pública, proceso que se materializa fundamentalmente con la creación de los Servicios Locales de Educación, y que tendría como nueva data de término, el año 2040.
Se hace palmario el conflicto entre autonomía y dependencia. Los SLEP nacieron con la promesa de que serían instituciones completamente autónomas para tener, a por giro único, la gestión administrativa de la educación pública. Nunca se pensó que las portadas serían copadas por la gestión de querellas y ejecución de recursos humanos destinados a Aula Segura. Tampoco se pensó en la administración de recursos destinados a proteger sus propios bienes y propiedades de dominio, que algún alcalde reclamaría como la justa retribución de una supuesta venta inmobiliaria al Estado de Chile. Así mismo, tampoco se calculó el peso muy real del color político al mando del ministerio de educación, en consecuencia, de los residentes en La Moneda. Se dijo desde un principio, por el contrario, que la nueva institución, más que dependiente, sería autónoma, tal y como la evidencia internacional lo indicaba en estos cruciales casos de procesos de cambio.
Considero que lo “importante” de la autonomía fue fagocitado por las “urgencias” de la política partisana. En este contexto, la regla neoliberal “soluciones privadas para problemas públicos” se está volviendo cada vez más evidente en el ejercicio del poder educativo hoy, en un nuevo contexto político. Siendo realistas, nuestra tradición republicana es hiper presidencialista y el poder del Estado, o del ejecutivo (que no debiera ser lo mismo) es crucial en este momento. El conflicto pasa de estar en el eje autonomía/dependencia, a uno del tipo lógica empresarial/gestión pública. Este nuevo eje genera sospechas no sólo en un sector del espectro político, sino sobre todo en la opinión pública que, optando por la educación pública, porque no tiene opciones de pagar por una buena educación, observa sin mucha capacidad de agencia que la “promesa educativa” no va por buen camino o no es, derechamente, una salida de sus condiciones materiales de vida.
Sin embargo, la Nueva Educación Pública sí importa, tal vez todavía más, cuando por éstas y otras antinomias, se fragiliza o se deteriora aún más el sentido de todo este proceso. No es una buena noticia que desde una lógica más privada, no se tenga claridad respecto a un horizonte de fecha que, lejos de ser el “término” de una implementación, debiera ser pensada como el “inicio en forma” de toda la educación pública. Ninguna empresa privada vacilaría en este tipo de decisiones.
El año 2040, esa decisión que no puede ser explicada por nadie aún con certeza, parece más bien la excusa para escamotear un problema que, por el contrario, el norte para ir dejando todos los conflictos ya solucionados para, desde ahí, tener un proceso plenamente robusto y funcionando.
