El retiro de la invitación a la escritora argentina Ariana Harwicz a un festival de arte, literatura y humanidades de la Universidad de Granada ha motivado columnas y cartas a favor y en contra. Una primera lectura podría sugerir que se la sancionaba por no pronunciarse sobre Gaza. En algunos sectores del activismo propalestino esa exigencia va más allá de condenar al gobierno de Netanyahu o la muerte de civiles: se pide suscribir conclusiones radicales, como la ilegitimidad misma del Estado de Israel. Es una exigencia que rara vez se aplica a otros Estados nacionales con historias coloniales o genocidas, como Alemania o Turquía, cuyo derecho a existir casi nadie cuestiona, ni a la idea de una descolonización total a partir de un nativismo muy cuestionable. No se puede negar que el antisionismo, en algunas ocasiones, se desliza hacia el antijudaísmo más clásico. Nada de lo anterior invalida las críticas legítimas a la colonización de Cisjordania, a la destrucción de Gaza o a un modelo de ciudadanía que define a Israel como Estado judío.
Pero la decisión admite otra lectura, porque algunos textos de Harwicz no son solo argumentos: son provocaciones. Escribe que términos como colonización, apartheid o genocidio han sido cooptados por una ideología dominante, “casi como un reclutamiento forzado de niños para convertirlos en soldados o en mártires”. Puede leerse como una metáfora sobre el uso de las palabras, y ese uso se puede discutir.
Pero la imagen no es inocente. En medio de la muerte masiva de niños en Gaza, evoca la idea de que esos niños eran soldados o mártires reclutados, un tópico que ha servido para justificar su muerte y que puede inscribirse en un juego de lenguaje genocida. Esa sugerencia choca con denuncias como la del documental Naza, que expone un dispositivo de aniquilación de mujeres y niños. A sus directores israelíes nadie les retiró una invitación: el ministro de Cultura propuso quitarles la ciudadanía y grupos extremistas han hostigado a sus familias. A ello se suman comentarios insultantes de Harwicz, como atribuirle una atracción sexual por los terroristas a una intelectual que firmó una carta de apoyo al boicot contra Israel.
John Stuart Mill ofreció uno de los argumentos más sólidos sobre la libertad de expresión como condición del conocimiento colectivo. No basta con no censurar la verdad; tampoco debe censurarse la falsedad, para que las opiniones puedan ser aclaradas o refutadas. Pero Mill reconoce un límite: el daño.
Las opiniones pierden su inmunidad cuando se expresan en circunstancias que las vuelven una instigación a una acción perjudicial. Decir que los comerciantes de trigo matan de hambre a los pobres puede circular en la prensa; gritarlo ante una multitud enardecida frente a la casa de un comerciante es otra cosa.
El filósofo J. L. Austin mostró que decir es también hacer: ciertos enunciados son acciones, y algunas dañan. De ahí la crítica de algunos filósofos del lenguaje a la idea de que al discurso de odio se le responde con más discurso, con más argumentos y más discusión. Eso solo valdría si la persuasión fuera la única forma en que el lenguaje daña. Pero el lenguaje también moviliza estereotipos que restan credibilidad y audibilidad a ciertos hablantes, deshumaniza a grupos enteros y da licencia para violentarlos. El jurista israelí Michael Sfard ha observado que el hebreo, lengua bíblica en que justicia (tzedek) y caridad (tzedaká) comparten raíz, es hoy también la lengua en que se ordena la destrucción de Gaza, se planifica el hambre de sus habitantes y se legitima su sufrimiento. Cuando el lenguaje de la destrucción se vuelve cotidiano, sumar voces no lo neutraliza: en ciertos contextos, más discurso produce más indiferencia y más violencia. Como ha mostrado la filósofa Alessandra Tanesini, hay silencios elocuentes. Negarse a dar la palabra puede ser una forma de disenso, a veces más resistente que una refutación.
Queda por pensar cuándo silenciar es legítimo. “Cancelar” debería servir para señalar fallas o complicidades institucionales, no para instalar una cultura punitiva. Ante un discurso racista, sexista o genocida, el debate de ideas no siempre es lo más eficaz ni lo deseable. Visto así, la decisión de Granada puede entenderse menos como una sanción a una opinión que como uno de esos silencios: la negativa a amplificar ciertas imágenes. Reconocerlo, sin embargo, no debe borrar los matices de los casos en que el debate sí es la respuesta, ni autorizar una superioridad moral que descalifique de antemano toda opinión contraria.
