En Chile solemos medir la política de seguridad por gobiernos. Cada administración llega con su agenda, su sello y sus proyectos emblemáticos, y lo que no alcanza a aprobarse muchas veces queda olvidado con el cambio de mando. Por eso, la aprobación del proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) merece destacarse no solo por su contenido, sino por la forma en que llegó a la meta: como una política de Estado y no como el trofeo de un gobierno.
El proyecto ingresó en abril de 2023 como mensaje del Presidente Boric. Ese mismo mes fue incluido en el fast track legislativo impulsado por el entonces presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, que comprometió la tramitación prioritaria de 31 iniciativas de seguridad. Un año después, el senador José García Ruminot, ya como presidente de la corporación, lo mantuvo entre las prioridades de un segundo fast track. Y tras el cambio de gobierno, la nueva administración no lo descartó por su origen: lo incorporó a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y le dio urgencia para su despacho.
No deja de ser simbólico que hoy conduzca esa agenda desde la Segpres el mismo García Ruminot que la priorizó desde la testera del Senado.
Esa continuidad no es un detalle. Las policías y las Fuerzas Armadas no pertenecen a un gobierno, sino al Estado, y las reglas bajo las cuales actúan no pueden depender del ciclo electoral. Un carabinero que debe decidir en segundos si usa su arma necesita saber que el marco que lo ampara hoy seguirá vigente mañana, gane quien gane. Y también lo necesita la ciudadanía, que tiene derecho a saber con claridad cuándo y cómo el Estado puede emplear la fuerza. La certeza jurídica que buscan las RUF comienza, precisamente, por la estabilidad de su origen.
En cuanto a su contenido, el texto acordado por la Comisión Mixta eleva a rango legal reglas que hasta ahora estaban dispersas en normas reglamentarias. Establece cinco grados de uso de la fuerza para las policías y ocho reglas para las Fuerzas Armadas cuando cumplan funciones excepcionales de orden público, seguridad interior o protección de infraestructura crítica. Ninguno de esos modelos es secuencial: frente a un ataque inminente, el funcionario no está obligado a agotar etapas previas.
Además, quien actúe conforme a estas reglas quedará amparado por las eximentes de cumplimiento del deber y legítima defensa, y no responderá civilmente por los daños causados en el ejercicio de sus funciones, salvo dolo directo, radicando esa responsabilidad en el Estado.
Nada de esto fue sencillo. El proyecto tardó más de tres años, enfrentó votaciones tensas en ambas cámaras y terminó en una Comisión Mixta tras el rechazo de diez enmiendas del Senado que debilitaban la protección jurídica del personal e imponían exigencias de difícil cumplimiento en el terreno. Pero precisamente por eso su aprobación tiene más valor: demuestra que es posible sostener una prioridad legislativa a través de dos mesas del Senado y dos gobiernos de signo distinto, sin que cada relevo implique volver a la línea de partida.
La lección debiera extenderse a otras reformas que siguen esperando, como la protección de la infraestructura crítica, que ha recorrido el mismo camino de un fast track a otro y hoy integra la ACOT. La seguridad exige políticas que se construyan pensando en el próximo gobierno, y no solo en el actual.
En una carrera de postas, nadie recuerda quién corrió cada tramo; lo que importa es que el testimonio no caiga al suelo. Las RUF pasaron de mano en mano durante tres años y medio, y nadie lo soltó. Quizás esa sea la mejor definición de una política de Estado: aquella en que importa menos quién cruza la meta que el hecho de haber llegado.
