Durante los últimos años, Chile ha logrado instalar progresivamente la agenda de Gobierno Abierto como parte de la discusión sobre modernización del Estado. La transparencia, la participación ciudadana, la colaboración y la rendición de cuentas han adquirido mayor relevancia en las instituciones públicas, abriendo espacios para repensar su relación con la ciudadanía. Este avance es significativo en un escenario donde la confianza institucional y la capacidad de respuesta del Estado constituyen desafíos permanentes para nuestra democracia. Sin embargo, instalar una agenda no significa necesariamente transformar el funcionamiento de nuestras instituciones.
El IV Congreso de Gobierno Abierto, realizado en la Universidad Católica de Temuco, permitió reconocer la amplitud de esta discusión. Las reflexiones sobre transformación digital, inteligencia artificial, justicia abierta, salud abierta, parlamento abierto, participación ciudadana y gobernanza territorial evidencian una agenda que trasciende al Poder Ejecutivo y se proyecta hacia distintos sectores y niveles de gobierno. El tránsito hacia un Estado Abierto representa, por tanto, una oportunidad para comprender la modernización desde una perspectiva integral, donde la apertura constituya un principio transversal de la gestión pública y no una iniciativa aislada.
Los desafíos son significativos y diversos: 1) La etapa final de implementación de la Ley transformación digital del Estado (A diciembre 2027), 2) Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, 3) Comisión Nueva Arquitectura del Estado y la nueva agenda de modernización 2026-2030.
Todas ellas tienen desafíos relacionados con la disponibilidad de información, la interoperabilidad y las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para mejorar la gestión institucional. Sin embargo, digitalizar procedimientos o publicar información no garantiza mejores decisiones públicas. Su verdadero valor radica en identificar problemas, reducir brechas, orientar recursos y mejorar los servicios. Necesitamos avanzar desde un Estado que dispone de información hacia uno que la utiliza estratégicamente para transformar su gestión y responder a las necesidades ciudadanas.
Las discusiones sobre parlamento, justicia y salud abiertas permiten ampliar esta reflexión. En parlamento, el desafío es acercar a la ciudadanía a iniciativas como el Congreso Virtual, que permite expresar opiniones sobre proyectos de ley, pero también los Datos Abiertos Legislativos, que brinda información reutilizable sobre proyectos, votaciones y actividad parlamentaria. En el ámbito judicial, la apertura exige información comprensible, acceso efectivo y mecanismos de rendición de cuentas que acerquen las instituciones a la ciudadanía. En salud, supone utilizar información para mejorar los servicios, promover la participación comunitaria y orientar decisiones según las necesidades territoriales. Los tres sectores demuestran que la apertura no puede limitarse a transparentar información, sino que debe contribuir a mejorar el funcionamiento de instituciones que inciden directamente en la vida de las personas.
No obstante, existe una discusión que debemos profundizar: ¿cómo sabemos si las iniciativas de Estado Abierto están produciendo los cambios que prometen? Durante años hemos concentrado esfuerzos en formular compromisos, desarrollar plataformas, elaborar planes de acción e implementar mecanismos participativos. Aunque estos avances son relevantes, resulta indispensable fortalecer la rendición de cuentas y evaluar sus efectos. No basta con informar ¿cuántas actividades se realizaron?, ¿cuántos datos se publicaron? o ¿cuántas personas participaron? Debemos preguntarnos si estas iniciativas mejoraron las decisiones públicas, fortalecieron capacidades institucionales, resolvieron problemas o permitieron una mayor incidencia ciudadana.
Este desafío adquiere especial importancia al observar las diferencias entre niveles de gobierno. Mientras el nivel central desarrolla iniciativas de alcance nacional, los gobiernos regionales y municipios construyen experiencias propias de apertura y colaboración. Sin embargo, sus capacidades técnicas, recursos y condiciones institucionales son heterogéneas. Avanzar hacia un Estado Abierto exige reconocer estas asimetrías, fortalecer los gobiernos subnacionales y establecer mecanismos de seguimiento que permitan conocer sus avances y resultados. La apertura debe contribuir a la descentralización, evitando transformarse en una nueva exigencia que profundice las desigualdades territoriales.
En esta dirección, resulta importante reconocer las experiencias que materializan esta agenda. Los planes de acción de Gobierno Abierto impulsados en Peñalolén, Renca, San Joaquín y Maipú, junto con las iniciativas desarrolladas en Concepción, Temuco (propuesta) y la Región Metropolitana, reflejan el interés por incorporar la transparencia, la participación y la colaboración en la gestión subnacional. A ello se suman experiencias como Hospital Abierto del Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida, que amplían la discusión sobre transparencia y vinculación ciudadana en salud. Sin embargo, estos avances también plantean una exigencia: evaluar su implementación, continuidad y resultados. El desafío no consiste únicamente en multiplicar experiencias, sino en identificar cuáles generan transformaciones efectivas en la gestión pública y mayores oportunidades de incidencia para las comunidades.
En este escenario, la formación y el desarrollo profesional de quienes trabajan en el Estado son fundamentales. La modernización requiere profesionales capaces de analizar información, gestionar tecnologías, coordinar instituciones y promover mecanismos efectivos de participación y rendición de cuentas. Asimismo, la academia debe contribuir mediante investigación aplicada, formación pertinente y vinculación con instituciones públicas y organizaciones sociales. Espacios como el Congreso de Gobierno Abierto, permiten conectar experiencias, discutir evidencia y generar conocimiento útil para mejorar la gestión pública.
El desafío pendiente es avanzar desde la instalación de una agenda hacia su consolidación institucional. Esto implica establecer compromisos verificables, construir indicadores, evaluar resultados y utilizar los aprendizajes para mejorar las políticas públicas. También requiere voluntad política, capacidades profesionales y continuidad institucional, especialmente en aquellos territorios con mayores restricciones.
El tránsito del Gobierno Abierto al Estado Abierto no debe medirse únicamente por la cantidad de iniciativas implementadas, sino por su capacidad para transformar las instituciones y generar valor público. Hemos avanzado en instalar los principios de apertura; ahora corresponde demostrar sus resultados. Fortalecer la rendición de cuentas, evaluar sus efectos y utilizar la información para mejorar la gestión pública constituye el siguiente paso para construir un Estado más abierto, capaz y cercano a la ciudadanía.
Cómo lo indica la declaración de La Araucanía en su parte final: Así como el piñón nace y germina a los pies del Ruka Pillañ, nuestra Red se yergue como el pehuén firme en sus raíces y abierta a nuevos horizontes, para que la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas alcancen a todas las instituciones, regiones y comunas de Chile.
Nicolás Jofré, académico asociado al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, es co-autor de esta columna.