Las modificaciones al plano regulador metropolitano que firmó el ex intendente de Santiago, Fernando Echeverría, el pasado 20 de abril de 2011, fueron analizadas por la Contraloría, ente que detectó preocupantes falencias en el informe, ya que estima que muchos de los cambios propuestos “no se ajustan al ordenamiento jurídico” que regula los instrumentos de planificación territorial.
Por ello, afirmó que se “debe revisar la totalidad de sus disposiciones a fin de armonizar su contenido con las observaciones formuladas precedentemente y con los criterios establecidos por esta Entidad de Control en su jurisprudencia”.
El informe firmado por el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, el 5 de septiembre, va dirigido a la intendenta de la Región Metropolitana, Cecilia Pérez, y da cuenta de la existencia de varios ripios en el documento con que el gobierno regional metropolitano pretende realizar cambios en el plano regulador.
Y los cuestionamientos son en varios ámbitos, desde la presentación meramente formal del documento -“no consta que los planos que se vienen aprobando hubieran sido firmados por el Intendente, el seremi de Vivienda y Urbanismo”– hasta en aspectos como la consulta a los municipios colindantes -“no consta que se hubiere efectuado la consulta a todas las Municipalidades cuyo territorio es vecino al regulado por el presente instrumento”-, afirma el informe de ente contralor.
El documento de Contraloría sobre el plano regulador metropolitano
Áreas de riesgo y nuevas tipologías
La entidad cuestiona que el documento modifique algunas zonas calificadas como “de riesgo” en los planos sin argumentar los motivos. Ante ese hecho, la Contraloría sostiene que “cabe manifestar que no corresponde que se modifiquen, supriman o agreguen nuevas áreas, sin que se adjunten los antecedentes que lo justifiquen”.
El organismo también objetó algunas tipologías que establece el informe y estima que “carecen de sustento normativo” y se apartan de lo dispuesto en la legislación. Es el caso de términos como “áreas verdes forestadas” o “límite urbanizable”, una categoría que “no está contemplada en el ordenamiento legal y reglamentario que regula la materia”.
También pone hincapié en que el documento del gobierno metropolitano entrega facultades a organismos que no tienen competencia en algunas áreas. “En la ‘factibilidad de evacuación de aguas lluvias’ corresponde objetar que se disponga que la solución que se determine deberá ser aprobada por el ministerio de Obras Pública y/o el ministerio de Vivienda y Urbanismo, pues ello se aparta del ámbito de competencia de los planes reguladores”, afirma la Contraloría.
Otra crítica que realiza es que hay discrepancias en algunas vías de comunas como Quilicura, Renca, Pudahuel, Maipú y San Bernardo que no concuerdan con los planos en que se grafican las modificaciones.
