Cámara de Diputados aprueba informe de Comisión Investigadora sobre irregularidades en CNA

Por 76 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora que analizó el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación.

El objetivo de la investigación fue “determinar de qué forma la CNA ha ejercido su rol de fiscalización respecto de todo tipo de instituciones de educación superior; los errores detectados por la Contraloría General de la República y las atribuciones que en esta materia le competen al Ministerio de Educación y en general cualquier antecedente que esclarezca de manera fehaciente eventuales ilícitos de tipo penal, civil o administrativo que se hubiesen cometido en el proceso encomendado por la ley a dicha institución”.

En la investigación se recibió, entre otras autoridades, al Ministro de Educación de la época, Harald Beyer; al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza; al Presidente de la CNA, Matko Koljatic; y al ex Secretario Ejecutivo del organismo, Patricio Basso.

Entre las conclusiones, el informe precisa que “no es posible asegurar que las decisiones de acreditación que la Comisión Nacional de Acreditación ha adoptado desde su origen, en el marco de la Ley 20.129, sean plenamente válidas y confiables para las demás instituciones del Estado, la ciudadanía, las familias y los estudiantes”.

Lo mismo ocurre con las decisiones de acreditación que han tomado las Agencias Acreditadoras. “Con lo anterior, se ha menoscabado la confianza pública en la calidad de la educación superior”, precisa el texto.

Asimismo, se indica que “la falta de rigurosidad en los procesos y la pérdida de credibilidad de la CNA, no responde sólo a las actuaciones y omisiones de la referida Comisión. Se sustenta en una constelación de errores de diagnóstico y de política de educación superior formulados en las últimas décadas, en cuyo diseño han participado tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo”.

En ese sentido, se indica que “se evitó legislar oportunamente, pese a que existían evidencias en relación a que algunas universidades se expandían de una forma en que se alejaban de su proyecto académico, y no se condecían con una interpretación sana y prudente del principio de autonomía institucional”. 

En materia legislativa, el informe menciona cinco errores estructurales graves que abrieron la puerta a las anomalías generadas posteriormente: vincular la acreditación con el financiamiento, sin garantizar mecanismos rigurosos de acreditación; no dejar suficientemente establecida la diferencia sustancial entre licenciamiento y acreditación; que las instituciones de educación superior incumbentes nombraran los comisionados y no se establecieran mecanismos más robustos de inhabilidades para impedir conflictos de interés; haber descentralizado y privatizado parte de las funciones sobre la acreditación de programas sin un sistema riguroso de autorización y supervigilancia; y haber delegado potestades normativas en un órgano descentralizado, sin un control de la autoridad administrativa superior.

Se señala además que desde su fase de implementación en 2007, la CNA adoleció de defectos graves, como falta de recursos presupuestarios y la no dictación de los reglamentos correspondientes. “En este contexto, la CNA cedió a la presión para otorgar acreditaciones laxas, carentes de planes de mejora, supervisión y llamados de atención a aquellas IES acreditadas por pocos años que no demostraron progresos”. 

En el informe se subraya la necesidad urgente de reconstruir el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Para ello, se propone reducir el vacío legislativo que existe hoy entre el licenciamiento y la acreditación.

Se precisa que el mecanismo de licenciamiento debe revalidarse y completarse. “Dado el tiempo que ha transcurrido entre el licenciamiento del proyecto original y, a su vez, el fenómeno de operación a gran escala de algunas Instituciones de Educación Superior, se requieren dos procesos adicionales de control de calidad previos al proceso de acreditación”.

El documento manifiesta que “debe reforzarse el Consejo Nacional de Educación para que lleve a cabo los nuevos procesos de licenciamiento, específicamente, los de revalidación de calidad en aquellas áreas del conocimiento y carreras que no existían al momento de habérsele otorgado la autonomía”.