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4 de Octubre de 2013

¿Campaña ilegal?: Los municipios que utilizan a sus funcionarios en la disputa electoral

Pese a la prohibición impuesta por la Contraloría, se repiten los testimonios de funcionarios municipales que acusan que son obligados a volantear y a asistir a actos políticos en favor de los candidatos afines a los ediles. Pocos quienes hablar pues cunde el temor a represalias. Acá tres casos de muchos.

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Entre los funcionarios municipales se comenta que es una práctica histórica y extendida a todos los sectores políticos. A pesar de que está expresamente prohibido por la Contraloría, alcaldes y operadores presionan a sus trabajadores para que repartan volantes y hagan masa en las visitas que candidatos presidenciales y parlamentarios efectúan a las distintas comunas.

Aunque los hechos dan cuenta de irregularidades en -al menos- una decena de municipios; solo en tres hubo funcionarios dispuestos a entregar su testimonio, bajo reserva de identidad. En el resto, ganó el miedo frente a posibles represalias por parte de las autoridades municipales.

En San Ramón, Cerro Navia y Peñalolén los trabajadores entregaron casos concretos de presiones por parte de operadores políticos municipales para que realicen campaña por los candidatos adscritos a las alianzas que gobiernan esos municipios.

En un instructivo difundido el 10 de septiembre, la Contraloría fue enfática en prohibir este tipo de situaciones: “Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones”. En el documento se agrega que tampoco se puede presionar a los funcionarios para participar en campañas: “(están impedidos de) ejercer coacción sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto, y en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos”.

Pero no todos respetan el reglamento.

San Ramón, el feudo socialista

El 25 de agosto la candidata opositora Michelle Bachelet lideró un masivo acto en la Plaza Sola Sierra de la comuna gobernada por el socialista Miguel Aguilera. Dos días antes, el viernes 23, decenas de funcionarios municipales coparon San Ramón para repartir las invitaciones a la actividad.

Una trabajadora del municipio relata: “Cuando vino la Presidenta Bachelet se aseguró a más de 70 personas; de los equipos de salud, educación y  del mismo municipio para que salieran desde los consultorios y de los programas sociales a volantear toda la comuna para entregar invitación… en horario laboral”.

Antes, para la proclamación del candidato a senador del PS en Santiago Oriente, Carlos Montes, el mismo mecanismo operó para llenar el Gimnasio Doñihue. Un funcionario municipal señala que el alcalde Aguilera ha sido enfático sobre la participación en campañas políticas: “Ha dicho en reiteradas ocasiones que él es el alcalde, que son sus trabajadores y que él puede decretar mandar a hacer lo que estime conveniente”.

El uso de los funcionarios no solo se ha limitado a repartir invitaciones, al menos así lo asegura una de las funcionarias: “Los que trabajan en los programas sociales debieron trabajar un domingo en la plaza ciudadana porque venía la candidata presidencial. A la gente del programa Puente le pidieron salir a hacer campaña por Montes y Bachelet. Les dijeron que esa era la función que iban a tener, aparte de su trabajo propiamente tal”. Según ella, cuando alguien reclama, la respuesta es enfática: “¿Quién te paga?, ¿quién te contrata?, eso es lo que te dicen”.

El director del DIDECO (Dirección de Desarrollo Comunitario) de la Municipalidad de San Ramón, Juan Martínez, explica que fuera del horario laboral los funcionarios que hacen campaña solo cumplen con su trabajo: “Los funcionarios que entraron en la nueva administración, después de las cinco y media, después del horario de trabajo, se tienen que juntar a hacer campaña. Todos tienen que cooperar, aquí nadie se ganó el puesto en un concurso”.

Consultado sobre las denuncias de proselitismo en horario laboral, acusa que los trabajadores están confundidos: “Nosotros tenemos actividades municipales, y a los funcionarios también se les obliga a repartir invitaciones, y algunos se confunden”.

-Pero la visita de Michelle Bachelet un día domingo ¿es una actividad municipal?

“Eso no, la gente que fue a la actividad no tienen nada que ver con la municipalidad, ni se ocupan recursos municipales. Todo es fuera del horario de trabajo”.

-Hay funcionarios que dicen que se los obliga a participar…

“A ver, es que si se los llama y se les pide que participen y ellos lo consideran una obligación, es problema de cada persona. Muchas persona de los que ingresan a los municipios, lo hacen porque participan en política y eso es igual en Arica, Punta Arenas o Quilicura, en cualquier municipalidad es igual. Y a la gente se le pide que participe de las actividades, y la Contraloría podrá decir muchas cosas, pero no sé, se supone que fuera del horario de trabajo yo hago con mi vida lo que me plazca. Hay gente que se confunde, cuando vamos a la feria a hacer actividad política hay gente que anda con la chaqueta municipal y yo les digo que tienen que sacársela. “Es que tengo frió”, me dicen”.

-¿Cómo se explica que el viernes 30 de agosto mandaran a decenas de funcionarios, en horario laboral, a  repartir volantes para una actividad de Michelle Bachelet?

“A ver, es que la gente se confunde. A mi no me consta que en horario de trabajo la gente salga a hacer una actividad política. La gente puede estar confundida, en septiembre nosotros tuvimos actividades de fiestas patrias y a mucha gente se la sacó del Municipio para que fueran a entregar invitaciones casa por casa para actividades que teníamos nosotros, actividades del circo, que es un acto municipal.

La gente tiene una confusión, y yo lo siento por ellos, pero están confundidos. En horario de trabajo se les cita a hacer puerta a puerta, y hay gente muy molesta, pero son actividades municipales. Son para promocionar nuestras actividades. El problema de la gente es que habla más de lo que le corresponde”.

Según los funcionarios, los más perjudicados son aquellos que trabajan a contrata y por boleta. Este es el testimonio de uno de ellos: “Se amenaza a la gente que está a contrata, que no tiene una estabilidad laboral, se les amenaza con terminar su contrato. Explicita e implícitamente. Lo mismo con los que están a honorarios, porque hay gente que está cumpliendo funciones en algún programa determinado y a ellos se les puede poner término a su contrato en cualquier minuto. Se obliga a las personas a que den sus teléfonos y a que estén disponibles para venir a hacer campaña, con la amenaza frecuente de que eso es parte de la evaluación en el desempeño de sus cargos”.

Por este tema ya existe una denuncia en Contraloría contra el Municipio, interpuesta por una ex funcionaria y actual candidata a diputada  por el PRO, Vaniria Aravena. Ella relata que la dejaron sin trabajo por negarse a participar de la campaña: “A mi me echaron porque me negué a ir a hacer campaña. Un día martes me llamaron para que el miércoles fuera a servir de cadena humana a la población La Bandera, donde iba de visita Michelle Bachelet. Yo me negué porque ella no es de mi línea política. El día jueves había un puerta a puerta por Carlos Montes, en horario laboral, y tampoco fui. Ese mismo día llegó a mi casa la carta de despido acusándome de proselitismo político. Eso fue el 16 de mayo”.

La actual candidata a diputada acusa que mientras estaba en la Municipalidad, observó cómo se utilizaba todo el aparataje administrativo para la campaña, y asegura que Viviana Leal, encargada del programa Puente, se preocupa de ordenar el contingente de funcionarios: “Yo soy testigo de cómo obligaban a los funcionarios a hacer puerta a puerta por Michelle Bachelet. Antes que a mi me despidieran ya habían empezado la campaña. Por ejemplo, ellos usan los teléfonos de los programas sociales y los catastros de los vecinos de la comuna para llamarlos y hacer propaganda por la campaña durante la primaria. Les decían que tenían que ir a votar por Michelle, porque sino, si ella no salía Presidenta, se iban a acabar los beneficios del programa”.

Según ella, la misma situación se repetiría en la comuna de El Bosque, comandada por el socialista Sadi Melo: ” el alcalde tiene a los funcionarios todo el día haciendo puerta a puerta y acarreando gente. Y todos los recursos materiales, humanos y simbólicos del municipio a disposición de la campaña de la señora Bachelet y de todos los candidatos que están con ella. Al interior de la Municipalidad de El Bosque tienen gigantografías de la señora Bachelet y de Carlos Montes. Incluso hay una oficina del señor Carlos Montes funcionando al interior de la Municipalidad. Es tanto, que en vez de cuadros del Presidente Sebastián Piñera, tienen colgado cuadros de Michelle Bachelet”.

Cerro Navia, el estilo de Luis Plaza

Lo que los funcionarios de este municipio denuncian no es muy distinto a lo que ocurre en San Ramón. La única diferencia está en que la comuna es dirigida por un oficialista, el RN Luis Plaza.

Una de las trabajadoras del municipio asegura: “Acá la represión política es bastante fuerte contra la gente. Cuando tu trabajas a honorario dentro del municipio, y no haces lo que el alcalde quiere, te echan. Los que están de planta, pueden negarse, y a lo más los van a cambiar de lugar de trabajo. Pero igual hay represalias”.

Hace dos semanas la candidata presidencial del sector, Evelyn Matthei, recorrió una feria y vendió pescados. Las cámaras de la televisión registraron el momento, donde la rubia postulante a La Moneda apareció rodeada por decenas de adherentes. Según un trabajador municipal, casi todos eran funcionarios públicos: “Ese día la mayoría de quienes trabajan en el municipio fueron a esa actividad. Tuvieron que pedir días administrativos para que no se considerara horario laboral”.

Antes, para el cierre de campaña de las primarias del entonces candidato presidencial de RN, Andrés Allamand, habría ocurrido lo mismo. Al menos así lo relata la concejala del Partido Comunista en la comuna, Judith Rodríguez: “Un día llegué al municipio, y había muy poca gente gente, a tal punto que a la hora de colación no habían más de ocho personas en el casino. Pregunté y me informaron que la gran mayoría de los funcionarios estaban en el Gimnasio Municipal, porque era el cierre de campaña de Allamand. Después de eso, mucha gente me dijo que la gran mayoría fue obligado. Yo denuncié por escrito esta situación a la Contraloría. Una semana después lo expresé en el Concejo Municipal, y el alcalde Plaza me respondió que todos los funcionarios le habían pedido permiso para ir. Aunque le hayan pedido permiso, de todas formas se cae en una ilegalidad, ellos no pueden participar en actividades dentro del horario de trabajo”, argumenta.

La concejala del PC suma denuncias y dice que los docentes también son víctimas de presiones: “La presión no es solo contra los funcionarios municipales, también a los profesores. Yo soy del Colegio de Profesores de la comuna y acá los docentes están obligados a salir a hacer campaña por Allamand y Matthei. Por lo general los hacen salir a hacer puerta a puerta, y eso es después del horario de trabajo”. 

Consultados por El Dínamo, en el Municipio evitaron dar una respuesta oficial. El único que respondió fue el director de la Secretaria de Planificación, Juan Pablo Arenas, quien además  comanda la DIDECO ante la renuncia de su ex encargado, Alberto Lastra. Arenas aseguró que los funcionarios de la SECPLAC no han participado en campaña. Por el resto de los departamentos no puso las manos al fuego: “Yo me hago cargo de mi dirección, y en mi dirección no ha pasado eso. No sé si alguien salió del municipio pidiendo días administrativos, no lo sé. Soy un director más”. Lo que sí reconoce Arenas es su aparición en gigantografías de la campaña senatorial de Allamand: “Lo que es verdad es que yo aparezco en gigantografías, soy militante de un partido político. Pero no he obligado ni llamado a nadie para participar en campañas”.

Un ex psicólogo del municipio, que también pidió reserva de su identidad, cuenta que la práctica de presionar a los funcionarios no es nueva: “A nosotros el año pasado se nos planteó como una opción voluntaria hacer campaña. Pero no era bien visto no asistir. Lo ideal era ir y que te vieran ahí. El año pasado se hizo un horario, donde se puso a duplas para que asistieran después del horario de trabajo. Había que ir a lo que ellos llamaban la procesión. La procesión era una caravana, encabezada por un camión con banderas que recorría la comuna. Esto fue para la elección del actual alcalde Plaza. En octubre del año pasado. Después de eso siempre se concedía algo. Si se participaba al otro día se podía llegar más tarde o tomarse la mañana”.

El ex trabajador del municipio agrega que por negarse a participar, fue despedido de su cargo: “Nosotros escribimos un mail diciendo que por razones académicas y familiares no podíamos asistir a esas actividades. Como lo mandamos por mail, les molestó mucho que quedara un registro, una evidencia. Porque se usaba que todo fuera vía oral, sin dejar rastros. Después de eso se tensionó mucho el ambiente, nos dijeron que habíamos quebrado las confianzas. Ellos estaban muy interesados en saber quien había redactado el mail e investigaban. En enero me echaron”. Lo dejaron sin trabajo justo dos meses después de la elección municipal, al respecto la Contraloría establece que solo 60 días después de una votación los municipios pueden despedir a un trabajador, sin tener que pasar por un sumario del organismo.

Peñalolen, la máquina DC

Los funcionarios del municipio ubicado en la zona oriente de Santiago aseguran que a diferencia de lo que ocurría en elecciones pasadas, ahora se les envían las invitaciones a participar de la campaña a sus correos electrónicos privados: “En los proyectos se nos pide hacer campaña fuera del horario laboral, sin que quede ningún registro de solicitud de campaña en los mails institucionales. De hecho te piden los correos electrónicos privados,  y ahí te llegan las convocatorias a las campañas. Es todo vía oral o telefónica, no quedan registros en ninguna parte”.

Quienes trabajan en el municipio comandada por la delfín política de Claudio Orrego, Carolina Leitao, agregan que las invitaciones a participar de la campaña vienen directamente de quienes trabajan en ella: “Los correos con las invitaciones son directas del comando de Pilowski, vienen firmados por él. Los directores de los programas nos piden los correos personales para enviarnos la información”.

Según los trabajadores, en el municipio se cuidan de no realizar proselitismo en horario laboral, pero que los presionan a que participen en la campaña luego de su jornada de trabajo. Un funcionario declara: “No hay amenazas explícitas, pero si tu te niegas a ir, te preguntan porque no. Lo que ellos argumentan es que esto ayuda a la continuidad del proyecto de Peñalolén. Actualmente nadie se ha negado a ir a campaña, porque se sabe lo que pasa. Todo lo hacemos para no perder la pega”.

Según indican, los esfuerzos municipales se han centrado en apuntalar la candidatura parlamentaria del ex administrador municipal, el demócrata cristiano Jaime Pilowski, utilizando un polémico mecanismo de compensación: “Nos han invitado a hacer volantéo por Pilowsky. Han sido en las ferias los días sábado en la mañana, en algunos casos, y otros días en la semana por las tardes. Y la compensación es un día laboral, un día de descanso. Por dos jornadas de campaña, nos ofrecen un día de vacaciones. Tenemos que ir también a las actividades directas del candidato a diputado, de la campaña propiamente tal. Ellos insisten en que es parte de la continuidad del proyecto de la alcaldesa”, acusa uno de los trabajadores.

Cuando recién despegaba la actual campaña parlamentaria, se produjo una polémica entre el entonces pre candidato del PS, y concejal de la otra comuna del distrito, La Reina, Francisco Olea, quien denunció que para la celebración del día de la mujer se entregó campaña de Pilowski por parte de funcionarios municipales de Peñalolen.

En una respuesta oficial, desde la Municipalidad aseguran no tener denuncias al respecto: “No contamos con ninguna denuncia respecto a supuestas amenazas. Las puertas del municipio siempre están abiertas no sólo a la comunidad sino a nuestros funcionarios, quienes saben que existen los canales institucionales para realizar cualquier tipo de denuncia”.

En el comunicado enviado a El Dínamo agregan que han sido rigurosos en cumplir el instructivo enviado desde la Contraloría: “Con fecha 10 de septiembre se envío a los Directores de todas las unidades municipales el instructivo de la Contraloría General de la República, para reforzar la obligatoriedad de cumplir con las prohibiciones que afectan a los funcionarios públicos para realizar actividades políticas. Esta instrucción se debe repetir este mes de octubre y nuevamente en noviembre. Adicionalmente, en reuniones de Directorio Municipal también se ha insistido en la imperiosa necesidad de cumplir con dicho instructivo, pero asimismo, en no censurar a quienes fuera de su horario laboral deseen participar en las campañas de los distintos candidatos de los diferentes pactos”.

La voluntariosa precariedad laboral

Consultados por este tema, en la Asociación de Funcionarios Municipales aseguran  que es algo que ocurre en la mayoría de los municipios, y que afecta especialmente a quienes no son trabajadores de planta, y dependen de la exclusiva voluntad de sus jefes para ser despedidos. Raúl Bustos, director nacional de la agrupación, lo asevera: “Hay alcaldes que obligan a hacer campaña solo a los que están a honorario y contrata, a quienes estamos de planta no nos sucede. Y esta situación es transversal, pasa en todas partes”.

Ricardo Paredes, representante de los funcionarios de Temuco, dice que el mecanismo es utilizado para contratar a los operadores políticos: “Gente a honorario es más que nada gente de confianza de los alcaldes, que ellos traen. Son operadores políticos que trabajan por lo general en la DIDECO. Son contratados, entre comillas en el municipio, pero siempre realizan trabajo político en terreno. Esa es una práctica que se sigue dando hace muchísimos años. Eso también pasa acá en Temuco”.

Desde la Coordinadora Interregional de Trabajadores del Área Social, CITAS, argumentan que los periodos de campaña electoral siempre son complicados para quienes no dependen de un contrato indefinido: “Los meses que corren son de particular importancia para los trabajadores del área social, la cercanía con la fecha de las elecciones presidenciales deja en evidencia una muestra más de la precariedad en la que se desempeñan estos trabajadores. Muchos de ellos, que trabajan de manera precaria ejecutando política pública en los municipios, se ven en la obligación a “colaborar” en la realización de campañas políticas. De este modo, se destinan fondos de dineros de programas y proyectos destinados a la población más desfavorecida para influir la decisión de los votantes”.

Al momento de plantear soluciones, desde la Asociación de Funcionarios Raúl Bustos dice que la única solución es terminar con los trabajos precarios: “Todas las personas que trabajan a contrata y a honorarios tienen que pasar a planta. Esos son trabajos precarios, el Estado disminuye cada día que se contrata más gente a honorario y contrata, porque no son trabajos estables; no tienen salud, no tienen previsión, no tienen nada”.

 

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