La Moneda ingresó a Contraloría General de la República el esperado protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales, luego que el propio organismo rechazara el documento presentado por el ministro de Salud, Emilio Santelices.
Y el principal cambio que presenta la norma es que recoge lo señalado por la administración de Michelle Bachelet, respecto a que las instituciones privadas de salud que reciban recursos del Estado no podrán acogerse a esta objeción, a pesar de haberlo derogado a 12 días de la vuelta de Piñera a La Moneda.
De este modo, el documento consigna que “los establecimientos privados de salud, que hayan suscritos convenios regidos por las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, podrán ser objetoras de conciencia siempre y cuando los referidos convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología”.
Así, se sigue en la línea de lo establecido por la Contraloría, que determinó en mayo pasado que las instituciones que reciben dineros fiscales los hace parte de la red pública de salud, por lo que no pueden ejercer objeción de conciencia institucional.
Junto con ello, el Minsal estableció que serán las Seremis de Salud las que recibirán y autorizarán las solicitudes de instituciones que quieran ser objetoras de conciencia, las que de igual modo deberán garantizar la prestación de interrupción del embarazo, derivando a la paciente.
Esta situación fue celebrada por la ex ministra Carmen Castillo, quien declaró a La Tercera que “esto demuestra que lo que trabajamos en nuestro protocolo estaba en la línea correcta. La observación que se le hizo era de forma, pero no tenía problemas de legalidad y eso es muy importante. Confirma que nuestra versión estaba bien hecha”.
Si bien desde la Segpres, a cargo de Gonzalo Blumel, explicaron que la inclusión de artículos recogidos por el protocolo creado por el Gobierno de Michelle Bachelet guarda relación con seguir las disposiciones de Contraloría, esto no cayó para nada bien en la UDI.
“No quedamos contentos porque además de ser similar al que en su momento criticamos, de la Presidenta Bachelet, significa que se tiene una mirada muy restringida de lo que son las prestaciones gineco obstetras en Chile”, declaró el jefe de la bancada de diputados, Javier Macaya, quien desde ya adelantó que analizarán si vuelven a recurrir al Tribunal Constitucional.
