La Contraloría General de la República objetó más de $43 millones a la municipalidad de Quilicura, luego que la entidad edilicia desembolsara sobre $27 millones en arriendo de aparatos celulares y bandas anchas, como asimismo el costo de un viaje a Cuba por $15 millones.
De acuerdo a la auditoría realizada al municipio y cuyo informe se dio a conocer esta jornada, la Corporación Edilicia “desembolsó la suma $ 27.826.988 por el arriendo de 250 teléfonos celulares y 60 bandas anchas móviles, verificándose la existencia de móviles que no han sido utilizados, como también la asignación de equipos celulares a funcionarios y servidores a honorarios sin que se acredite que ello resulta necesario para el cumplimiento de sus funciones y de los fines institucionales”.
Asimismo, la el órgano contralor comprobó el pago de la suma de $ 15.900.000 “por concepto de la capacitación ‘Encuentro entre funcionarios pe Chile y Cuba, sistemas de educación, salud, tercera edad y poder popular’ llevada a cabo en las ciudades de La Habana y Varadero (Cuba), sin que se advierta que tal actividad se relacione con las funciones de los servidores designados, pertenecientes a la planta administrativa y auxiliar del municipio, y no a las áreas de salud o de educación”.
Además de esta situación, Contraloría observó “que la municipalidad de Quilicura adquirió -vía trato directo- servicios de banquetería, para las sesiones del concejo municipal y del Consejo Comunal de la Sociedad Civil, por la suma de $ 4.411.200, desembolsos que incumplen el principio de legalidad del gasto”.
También en el informe se estableció “que ese municipio efectuó contrataciones mediante la modalidad de trato directo por $13.640.313, invocando las causales consignadas en el artículo 10 números 4 y 7, letras a), f) y j), todas del decreto N° 250, de 2004, sin haber fundamentado las razones para haber utilizado dicha modalidad excepcional de contratación”.
Con todo estos datos, la Contraloría solicitó al municipio de Quilicura “iniciar un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en las situaciones observadas”.
