La defensa del ex GOPE Carlos Alarcón, imputado por el homicidio de Camilo Catrillanca, llegó hasta el Tribunal Constitucional para pedir la suspensión del juicio en su contra y que uno de los delitos que se imputa sea declarado inaplicable por inconstitucional.
Así, se busca desestimar la presentación de la la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Intendencia de La Araucanía respecto al delito de “disparo injustificado”, por los tiros que pudieron alcanzar al menor que estaba junto al comunero asesinado.
“Frente a esta imputación de los acusadores institucionales mi representado podría ser condenado por la citada norma punitiva que no describe la acción como lo establece nuestra Carta Fundamental acorde al principio de reserva legal de los delitos, pues solo indica su verbo rector sin que la modalidad de dicho actuar esté descrito en la ley conforme a las exigencias constitucionales, dado que el concepto ‘injustificado’ queda en la más absoluta indeterminación, entregado a una integración judicial prohibida por nuestra Constitución”, consigna la abogada Gloria Chamorro a La Tercera.
Es por ello que se espera que se suspenda el procedimiento en su contra mientras se resuelve el fondo en el TC, mientras es sindicado como el autor de los disparos que le costaron la vida a Catrillanca. La acción de Alarcón fue replicada por los otros involucrados: Raúl Ávila, Patricio Sepúlveda y el cabo Braulio Valenzuela.
Junto con ello, el ex sargento Carlos Alarcón fue trasladado desde la VI comisaría de San Pedro de La Paz, donde cumple prisión preventiva, hasta Concepción, por seguridad.
“Hemos sido alertado por los medios de comunicación también de que hay una insinuación de atacar la sexta comisaría de San Pedro de la Paz, que espero no se sigan destruyendo nuestros cuarteles porque cuesta mucho construir un cuartel, y la decisión de trasladarlo fue únicamente y exclusivamente para quitar un poco de tensión”, dijo el jefe de la VIII zona policial del Biobío, Rodrigo Medina.
