El senador PS, José Miguel Insulza, finalmente se cuadró con la oposición y votó a favor de la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, despejando las dudas que él mismo había sembrado sobre su postura ante la revisión del libelo.
El legislador había manifestado sus “complicaciones” con el tema, especialmente por la relación cercana que había mantenido con el ex secretario de Estado, quien además es cuñado del ex parlamentario socialista José Antonio Viera-Gallo.
Pese a estas aprensiones, Insulza finalmente inclinó la balanza y respaldó la acusación contra Chadwick, la que implicaría inhabilidad por cinco años para ocupar cargos públicos del ex ministro.
Los argumentos de Insulza
En su intervención, el ex secretario general de la OEA planteó que el estallido social “fue la expresión material de la indignación ciudadana en contra de un gobierno que reflejaba, mucho más que cualquiera antes que él, una total indiferencia ante la realidad social de un país que ha crecido de manera impetuosa a lo largo de varias décadas, pero lo ha hecho de manera profundamente injusta”.
“No comparto la afirmación que algunos propagan, de que todos somos igualmente responsables o, más absurdo aún, que hay treinta años perdidos. Aunque hemos fallado en muchos aspectos, especialmente en nuestra incapacidad para canalizar de manera más equitativa un producto nacional que en tres décadas se ha multiplicado cinco veces, se permitió una importante gratuidad en la educación, el desarrollo una enorme infraestructura, una reducción importante de la pobreza”, agregó.
Tras esto, el senador José Miguel Insulza planteó que en los días posteriores al 18 de octubre “hubo violencia, saqueos, enfrentamientos, heridos y muertos; y muchas violaciones de Derechos Humanos; obra sobre todo de una policía que se encontraba en su peor momento de preparación, ineficiencia y desmotivación como producto de su propia crisis interna. No fueron ciertamente diez días cualesquiera y en ellos se incurrió en graves violaciones de derechos humanos”.
“Para Chile es especialmente gravoso ser apuntado desde el mundo como un país en el cual se violen los derechos humanos. Nuestra democracia renació respaldada por un poderoso movimiento de solidaridad mundial, inédito en su tamaño y variedad, de defensa de los derechos humanos. No es ninguna exageración decir que el fortalecimiento de esa causa tan central de nuestra época está indisolublemente ligada a la causa democrática chilena”, añadió.
El voto a favor
Sobre la pertinencia de la acusación, el senador José Miguel Insulza afirmó que “las normas del Estado de derecho que establece la constitución, las que imponen a los órganos del Estado el deber de garantizar el orden institucional de la República, requieren para ser eficaces , efectivas, oportunas, reconocidas, que sean además de legales, legítimas y justas. Nada más lejano de la realidad que se vivía en Chile entre el 18 y el 25 de octubre de 2019“.
“Nuestro juicio no es penal. Es político. No hay evidencias que vinculen al ex ministro del Interior con la comisión de delitos. Ni siquiera con el conocimiento de que se estaban cometiendo en el momento en que ello ocurría. Eso es materia de la justicia en otras sedes y aquí no se han presentado antecedentes que permitan afirmarlo”, afirmó asimismo para defender la acusación.
“Pero existe evidencia, más que suficiente, de un gobierno que perdió por completo el control de la situación de orden público en el país, que de que bajo su vigilancia se cometieron graves violaciones de derechos humanos. No se está condenando a alguien por un crimen”, explicó.
Tras confirmar su voto a favor, Insulza dijo que la acción contra Chadwick es “un juicio político” que implica “la única oportunidad que tenemos de decirle al gobierno del presidente Sebastián Pinera que antes, durante y después de la crisis, ha hecho un pésimo trabajo, que con su ineficacia e insensibilidad ha perdido la confianza de los chilenos”.
