Nicaragua fracasó en su intento de aplacar la pandemia del coronavirus a través del uso del Interferón Alfa 2B, un medicamento antiviral proveniente desde Cuba que apostaba a ayudar en la mejoría de los pacientes con COVID-19.
El gobierno de Daniel Ortega había recurrido a esta sustancia como una forma de control de la enfermedad, la que en sus primeros días había presentado números bajos según las cifras oficiales, las que eran cuestionadas por parte de la comunidad científica.
Según lo informado por La Prensa, la administración nicaragüense logró que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) autorizara el uso de una partida de 11.7 millones de dólares para atender la crisis provocada por la llegada al país de la pandemia. De esta cifra se destinaron cerca de 5.9 millones de dólares en la compra de inyecciones de interferón a los cubanos.
A pesar de la anunciada llegada del medicamento, en el último protocolo del Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua no aparece el interferón en ninguno de los tratamientos recomendados, dejando de ser considerado en las recetas públicas.
La salida del interferón coincide con la importante alza de casos y fallecimientos por COVID-19 en la nación centroamericana, la que según el Observatorio Ciudadano -un grupo de profesionales independientes que sigue un conteo en paralelo al gobierno- alcanza los 5.027 contagios y las 1.114 muertes por la pandemia.
Aunque el interferón es promocionado principalmente por Cuba y por otras instituciones mundiales políticamente afines al régimen como una forma de tratamiento eficaz para enfrentar el COVID-19, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo tienen considerado como parte del tratamiento recomendado.
