“Quieren abolir las fronteras”: la defensa de Galli a proyecto de Ley de Migración que llegará al TC
La autoridad de Gobierno critica la solicitud que ingresó al Tribunal Constitucional la oposición para que el organismo analice 13 artículos de la legislación.
Por Hernán Claro
Juan Francisco Galli en el Congreso. Fuente: Agencia Uno.
Con enojo recibieron al interior del Gobierno la decisión de un grupo de 41 parlamentarios de oposición de llevar hasta el Tribunal Constitucional el proyecto de la Ley de Migración. Al respecto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, indicó que “al parecer quieren abolir las fronteras“.
Según dijo Galli ante los medios de comunicación, para tener una migración “regulada, ordenada y segura”, se hace necesario contar con el proyecto de ley que fue impulsado por el Gobierno.
Respecto a la solicitud que ingresaron al Tribunal Constitucional diputados como Catalina Pérez y Boris Barrera (PC), Galli afirmó que los parlamentarios buscarían “imponer aquellos puntos en que ellos no estuvieron de acuerdo y perdieron las votaciones en el Congreso”.
“Hay otros que, al parecer, quieren abolir las fronteras y permitir la entrada de las personas sin ningún control”, criticó Juan Francisco Galli.
La solicitud de la oposición
El proyecto de ley, que fue despachado a las manos del Presidente de la República a comienzos de mes, tras ocho años de tramitación, creará el Servicio Nacional de Migraciones que obliga a los extranjeros postular a sus visas en los consulados de Chile en el exterior. Sin embargo, para la oposición esto violaría los derechos humanos de menores de edad.
Según explicaron en su solicitud al Tribunal Constitucional para que revisen 13 artículos de la iniciativa, no se protegería a los niños y adolescentes porque “desconoce la competencia que tienen los tribunales de familia para adoptar las medidas de protección que correspondan”.
“Se crea el Servicio Nacional de Migraciones, sin embargo, mantiene la potestad al Subsecretario del Interior de expulsar a extranjeros sin una causa legal definida, sino meramente por razones de seguridad interior o exterior las que calificaría él mismo, por sí y ante sí”, cuestionaron.
En tanto, de acuerdo a Juan Francisco Galli, dentro de los 13 artículos que se quieren impugnar, está aquel que otorga facultades a la Policía de Investigaciones (PDI) para que “puedan impedir el ingreso de personas que fueron previamente expulsadas”.
En la práctica, según al subsecretario, esto obligaría a “recibirlos para recién ahí iniciar un proceso de expulsión”.
