El diputado Rodrigo González (PPD) denunció ante el Ministerio Público una serie de irregularidades que podrían revestir carácter de delito y que involucran a funcionarios y ex trabajadores de la Corporación Municipal de Viña del Mar.
Lo más grave es lo ocurrido en el cementerio Santa Inés, de administración municipal, donde el ex gerente Rodrigo Macuada y su secretaria estarían involucrados en la exhumación y traslación de cadáveres de la fosa común a los cuales se les extraía dentaduras para obtener metales preciosos.
Según se detalla en la denuncia presentada por González, el 8 de abril de 2020, Juan Carlos Herrera, trabajador del cementerio de Santa Inés, recibió la orden de abrir una bóveda, dándole la instrucción de remover los restos de un menor, llegando al lugar un funcionario quien comenzó a retirar restos de otros cadáveres, particularmente piezas dentales enchapadas en oro, fundas dentales de oro y objetos de valor, bajo instrucciones del administrador del cementerio, Rodrigo Macuada. Este funcionario habría recibido además una indemnización ilegal ordenada por el gerente Claudio Boisier, a pesar que Macuada fue despedido por tutela laboral.
Estos hechos se habrían producido en otras ocasiones, respecto de numerosos cadáveres, por esa razón Juan Carlos Herrera presentó una querella por el delito de exhumación y traslación de cadáver, y por el presunto delito de hurto agravado presentadas por el abogado Cristian Muñoz en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar.
Para González, “el papel que jugará el Ministerio Público será vital para determinar el o los responsables de lo ocurrido en el cementerio, y otras situaciones anómalas derivadas de una operación informática en computadores de la Corporación de Viña para manipular archivos y documentos contables según correos electrónicos comprobatorios que fueron proporcionados a la Fiscalía. Tal operación buscaría proteger auditorías, encubriendo información sensible que afecta al gerente Boisier”.
A lo anterior, González sumó a la denuncia otros hechos, como el finiquito recibido por una trabajadora con fondos públicos destinados para otras actividades. “Se ha producido la desviación de caudales públicos a través de finiquitos a una funcionaria pública por más de 19 millones de pesos, utilizando fondos de la Corporación que están destinados a otros objetivos. Dicho finiquito debió generarse desde el Mineduc, y no desde la Corporación Municipal. En la presentación se adjuntó la documentación que respalda los hechos denunciados”, finalizó el parlamentario.
