Contraloría inicia sumario por compras de cámaras a Carabineros bajo gestión de Martorell
Este caso es investigado por la Fiscalía Centro Norte, luego que se denunciara el proceso que tuvo como ganadora a Motorola Solutions Chile por un monto de cerca de $400 millones.
Por Cristián Meza
AGENCIA UNO/ARCHIVO
La Contraloría General de la República inició un sumario tras detectar irregularidades en la licitación realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, bajo la gestión de Katherine Martorell, para la compra de cámaras corporales para Carabineros en 2020.
Este caso es investigado por la Fiscalía Centro Norte, luego que se denunciara el proceso que tuvo como ganadora a Motorola Solutions Chile por un monto de cerca de $400 millones, ya que se acusó que la empresa no cumplió con las bases de la licitación.
En el informe de Contraloría, que fue derivado al Ministerio Público, se da cuenta que la Subsecretaría de Prevención del Delito aceptó cinco ofertas para la “Adquisición de Sistema de Cámaras Corporales”, que fue adjudicada a Motorola Solutions por $378.896.000, a pesar de presentar su propuesta fuera del plazo establecido, esto es posterior a las 16:00 hora del 28 de febrero del año pasado.
Junto con ello, “se estableció que las cámaras ofertadas por Motorola -Edesix VB-400- no disponían del mecanismo requerido de post grabado a la data de adjudicación, esto es el 11 de marzo de 2020”, además de darle el máximo puntaje a la compañía, a pesar de “no presentar la totalidad de los antecedentes requeridas al momento de la apertura de la oferta”.
“Se verificó que no existe evidencia que al momento de la entrega de las cámaras por parte de la empresa Motorola a la Subsecretaría, estos equipos hayan cumplido con todos los requisitos exigidos en las bases de estudio, en particular, respecto del citado mecanismo de post recording de 120 segundos. En virtud de lo cual la entidad fiscalizadora deberá recabar los antecedentes necesarios que le permitan certificar que las cámaras de video recibidas el 27 de abril de 2020 contaban con esa funcionalidad y en caso contrario determinar la eventual aplicación de multa”, cuestionó Contraloría.
En vista de esta situación, se ordenó “instruir un procedimiento disciplinario, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas con las materias indicadas”.
