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26 de Octubre de 2021

Galli por informe de la ONU sobre el estallido social: “Hemos observado con atención las lecciones”

El subsecretario del Interior reaccionó al informe entregado por el organismo, que apuntó al uso de la prisión preventiva para los detenidos por hechos ocurridos tras el 18-O.

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Galli ONU La autoridad señaló que el 18 de octubre recién pasado no hubo denuncias sobre actuaciones de funcionarios del Estado. AGENCIA UNO/ARCHIVO
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El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, reaccionó al informe que durante el lunes entregó la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en el país a dos años del estallido social.

En el reporte se apuntó a “una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público que puede llevar a relativizar las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas”.

En otro de sus puntos, el documento apuntó a la prisión preventiva aplicada contra los detenidos en el contexto de las protestas, afirmando que “el uso prolongado de esta medida cautelar se hace más problemático en el contexto de la pandemia de COVID-19, ya que se contrapone a las políticas de descongestión de los recintos penitenciarios promovidas por los organismos internacionales de derechos humanos”.

Galli salió al paso de la observación de la ONU sobre las medidas cautelarse, afirmando que “aquí hay un solo interés y creo que es un interés común: que esas investigaciones avancen y poder aclarar rápidamente cuál es la responsabilidad respeto a las personas que resultaron afectadas con posterioridad del 18 de octubre”.

“Tanto el Gobierno como la institución de Carabineros de Chile han dado muestras de haber observado con atención las lecciones que nos dejaron los episodios de violencia con posterioridad del 18 de octubre, y así lo destaca el informe”, expresó la autoridad.

El subsecretario añadió que “uno puede ver, y quizás se destacó poco, pero no hubo una sola denuncia el lunes 18 de octubre pasado por vulneración de derechos en que pudiera imputársele responsabilidad a un funcionario del Estado”.

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