La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de la defensa de Sebastián Piñera y decidió inhabilitar al juez Daniel Urrutia de la causa contra el ex Presidente por eventuales delitos en el estallido social.
La petición fue realizada por el defensor de Piñera, el abogado Samuel Donoso, por lo que el tribunal de alzada estableció que el magistrado “debe abstenerse de conocer y emitir pronunciamiento en la causa de que se trata”.
Esto, ya que se se logró evidenciar que el juez Urrutia “se ha pronunciado respecto de la existencia de delitos”, ya que señaló en su minuto que “expresamente que a partir del 18 de octubre de 2019 hubo terrorismo de Estado en Chile, con los 400 mutilados, hubo violación a los derechos humanos con utilización de armas, en forma ilegal y constante, de manera ‘sistemática y generalizada”.
Junto con ello, el magistrado declaró que lo sucedido tras el 18 de octubre de 2019 es “la mayor crisis de derechos humanos desde la vuelta a la democracia en el país y, que el actuar del Ministerio Público y del Poder Judicial ha pretendido avalar y justificar la represión“.
De esta manera, el fallo dado a conocer por La Tercera concluye que “se ha constatado que el magistrado Urrutia, de manera generalizada y categórica (…) ha tenido por cierto la comisión de ilícitos, atribuyéndole participación en dicho acontecer a los agentes del Estado (calidad que revestía el expresidente Sebastián Piñera Echeñique)”.
Por su parte, el defensor de Sebastián Piñera presentó como pruebas un artículo de Interferencia donde Daniel Urrutia expresó que “en Chile hay presos políticos”.
Es por esto que el juez “carece de imparcialidad en relación a los hechos e investigaciones vinculadas al estallido social, él tiene una posición tomada, lo ha dicho públicamente, es algo manifiesto y en consecuencia no puede estar habilitado para conocer de estas causas”.
En su defensa, Daniel Urrutia precisó que los dichos presentados no dan cuenta de casos concretos, “sino que a situaciones graves que podrían involucrar a agentes del Estado y que fueron efectuadas bajo la obligación moral de señalarlas para que se hiciere lo necesario para terminar con conductas que afectaban los derechos humanos de parte de la población”.
