Felipe Galleguillos, gerente general de Colmena, presentó este jueves su renuncia luego de la polémica que se generó tras la decisión que tomó la compañía de demandar a los afiliados que han interpuesto recursos de protección para dejar sin efecto la tabla de factores.
Como consecuencia de sus declaraciones al diario La Tercera, la Superintendencia de Salud afirmó este miércoles que ofició a dicha aseguradora para que le informe la cantidad de afiliados ya demandados o que pretenden demandar en el futuro próximo, los argumentos que fundamentan dichas acciones judiciales y una estimación de los costos y recursos a invertir en los procesos judiciales que anunció su gerente general.
Galleguillos había comentado al matutino que dejar sin efecto la tabla de factores “es un nuevo tipo de judicialización que comenzó en 2021, y si bien en un comienzo hubo muy pocas demandas, hoy el volumen ha crecido a un nivel que, este tema por sí solo, amenaza la estabilidad y viabilidad del sistema. Pensamos que dado que esto podría (hacer) colapsar el sistema por sí solo, tenemos que tomar alguna acción para detenerlo en este momento (…) Es una alternativa que no hubiéramos querido tomar, pero tenemos que tomarla dada la situación que enfrentamos”.
¿Por qué demandar a las Isapres?
Los afiliados están demandando a la isapres principalmente por lo siguientes temas: uno es por la adecuación que anuncian las aseguradoras cada año para que aumenten los planes de salud. El otro es para dejar sin efecto la tabla de factores, sistema con que las aseguradoras privadas establecen los precios de los planes en función de los factores de riesgo de un paciente.
Justamente esta última judicialización llevó a Colmena a anunciar que empezó a interponer demandas en contra de dichos afiliados. No es por quienes reclaman cada año por la adecuación de los planes, sino más bien respecto de quienes solicitan dejar sin efecto la tabla de factores.
Los recursos de protección de este tipo que se han interpuesto a lo largo de todas las cortes de Apelaciones del país, son menores en cantidad versus los recursos de protección por adecuación, pero el flujo ha aumentado y la industria lo ve como una amenaza mayor para la viabilidad del sector, dado que el efecto económico que tiene cada una de esas causas para las compañías es mayor respecto del primer frente judicial.
