Jacqueline Santander, ex candidata a senadora por el Partido Socialista (PS) por la Región de Antofagasta, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones luego que el Gobierno desalojara la “toma VIP” del sector de El Huáscar, donde ella era una de las propietarias.
La mujer -cuya militancia en la colectividad se encuentra suspendida– presentó la acción legal en contra la Delegación Presidencial (DPR) de Antofagasta, siendo representada por el abogado Daniel Guevara, quien es ex seremi de Bienes Nacionales en la administración de Ricardo Lagos y ex presidente del Primer Tribunal Ambiental.
En declaraciones a Soy Antofagasta, el representante de Santander explicó que tomó este caso porque “los abogados tenemos una responsabilidad ética como auxiliares de la administración de justicia, y la situación vivida por Jacqueline Santander, mi colega y ex contendiente en la elección senatorial, y sus vecinos, fue en un escenario realmente angustioso, por una demolición que por mi experiencia y formación profesional a todas luces era atentatorio contra el Estado de Derecho al ser dispuesto sin orden judicial”.
Entre sus argumentos, Guevara señaló que la Delegación Presidencial “no tiene atribuciones legales para desalojo de bienes fiscales (que están inscritos a mayor cabida a nombre del Fisco), sino solamente de bienes nacionales de uso público, como plazas o calles”.
“En ningún caso la DPR tiene atribuciones de demolición. Para ordenar desalojos y demolición sobre bienes fiscales y más aún cuando se ha construido en esos terrenos, las atribuciones corresponden al Poder Judicial vía acciones posesorias”, añadió.
El abogado manifestó que además que el desalojo a la “toma VIP” de Antofagasta se trataría de un “ajustes de cuentas políticas”.
“Más por experiencia en el tiempo y según lo leído, llama significativamente la atención esta demolición express, me trajo a la memoria las palabras de un político que invocaba la retroexcavadora contra la oposición. Más allá del PS pienso que es clave se restablezca el Estado de Derecho y también la necesaria amistad cívica que esta vinculada”, comentó.
Desde el Gobierno, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, defendió el desalojo de la toma y el derrumbe de los inmuebles instalados, señalando que en el caso de la ex dirigenta socialista “no habrá privilegios”.
