La constructora Claro, Vicuña, Valenzuela solicitó su quiebra, con lo cual desmovilizará más de 30 obras, mientras que 2.500 personas deberán ser despedidas.
En una declaración pública, la empresa, que tiene un pasivo superior a los 60 millones de dólares, señaló que “esta es la más dolora y significativa decisión adoptada por la empresa, por su amplia y reconocida trayectoria, así como también por el gran impacto que esto provoca en sus colaboradores, proveedores, subcontratos, clientes y comunidad”.
Entre los factores apuntados para tomar esta decisión está su relación con el Ministerio de Obras Públicas, donde fracasaron los intentos de llegar a un acuerdo extrajudicial, consignó Diario Financiero.
A esto se suman otros aspectos como el incremento del precio en los materiales de construcción, la baja disponibilidad de mano de obra, la inflación y los constantes cambios en la cadena logística.
La constructora reiteró sus cuestionamientos a lo que llamó “la burocracia de los mandantes públicos”, poniendo como ejemplo el atraso en el curso de los estados de pago mensuales, retrasos en los convenios de pagos de obras ya ejecutadas y por ejecutadas, además de la no recepción y finiquito de obras terminadas.
Así, la firma no puede solventar gastos de obras por no disponer de recursos, especialmente del MOP, por cerca de 17 mil millones.
La intención de la constructora es que a través de este proceso de quiebra pueda liquidar sus activos, cobrar lo adeudado por sus mandantes y pagar a sus acreedores.
El abogado de la firma, Nelson Contador, destacó la postura del MOP de reajustar retroactivamente sus contratos, pero precisó que “es una medida tardía y extemporánea, que no le permite seguir adelante con las obras que se encontraba desarrollando. Lamentablemente, la autoridad no logró sopesar la gravedad de la situación, a pesar de las múltiples oportunidades en que CVV lo hizo presente de todas las formas posibles”.
