“¿Cuál es el compromiso real de un Gobierno, que se hace llamar progresista, por abordar temas relevantes para mejorar la calidad de vida y extirpar hechos de discriminación? Siento que en todos estos meses tramitando este proyecto de ley no ha habido nunca un acompañamiento para que este proyecto pueda avanzar. El gobierno, que debería hacerse cargo de estos temas, no ha estado presente en esta comisión en ningún momento“.
Hace una semana, la polémica estaba instalada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. Luego de la presentación de la subsecretaria Haydee Oberreuter en medio de las negociaciones para concretar algunas reformas a la Ley Zamudio, el diputado Jorge Guzmán de Evópoli criticó con esas frases el accionar de la administración de Gabriel Boric en torno a estas medidas que buscan castigar con más severidad los delitos de connotación discriminatoria.
De acuerdo a las palabras del parlamentario, en la última visita de Oberreuter no se postuló una nueva institucionalidad antidiscriminatoria que permita sancionar a quienes cometan crímenes de esta índole.
Este panorama puso en duda los resultados de la votación; sin embargo, los cambios a la ley igualmente fueron aprobados con seis votos a favor y cinco en contra.
La presidenta de la comisión, Lorena Pizarro (PC), junto a Jorge Guzmán (Evópoli), Erika Ñanco (RD), Hernán Palma (PH) y los independientes Patricio Rosas y Lorena Fríes fueron los parlamentarios que aceptaron las modificaciones. No estuvieron de acuerdo los republicanos Johannes Kaiser y Cristián Araya, más Ximena Ossandón (RN), Cristián Labbé y Daniel Lilayu de la UDI.
Los cambios a la Ley Zamudio
La votación se reflejará en una reforma que sufrirá la Ley Antidiscriminación, conocida también como Ley Zamudio después de la muerte de Daniel Zamudio, producto de un ataque homofóbico en el Parque San Borja de Santiago.
Entre las modificaciones de la legislación que rige desde 2012 aparecen el aumento de las penas, indemniza a las víctimas y/o familiares y, además, permite agregar agravantes en las querellas por delitos de discriminación.
En este contexto, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) está de acuerdo con la crítica inicial del diputado Guzmán. Aducen una falta de respaldo del Gobierno para concretar una institucionalidad antidiscriminatoria.
“Esta reforma quedará a medias si el Ejecutivo no patrocina la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria. Este podría ser el aporte más significativo y contundente que deje el presidente Gabriel Boric. Por eso animamos al Gobierno a dar pasos decisivos en tal sentido. Nos preocupa el silencio que hasta ahora reina sobre este punto”, dijo Gonzalo Velásquez, presidente del Movilh.
