UDI amenaza con acusación contra ministra de Justicia si accede a peticiones de Llaitul y la CAM
Los comuneros detenidos, incluido un hijo del líder de la Coordinadora, están en huelga de hambre líquida. Hace unos días, Renovación Nacional había comenzado con la presión contra Marcela Ríos.
Por Luis Rivera
La huelga de hambre líquida de Héctor Llaitul y otros comuneros de la CAM podría tener consecuencias políticas para la ministra de Justicia, Marcela Ríos AGENCIA UNO/ARCHIVO
Traslado inmediato a Temuco. Condiciones carcelarias y trato digno a las visitas (familias, autoridades ancestrales y comunidades), de acuerdo a su condición de pu weychafe del Pueblo Nación Mapuche. Abonos y beneficios carcelarios para Daniel Canio Tralcal condenado a 15 años de presidio por delitos vinculados a un ataque en el fundo Oyama de Lautaro, en octubre de 2018.
Esas son las condiciones clave que pusieron Héctor Llaitul, Jorge Cayupil, Luis Fuenzalida, Juan Carlos Mardones, Luis Menares y Pelantaro Llaitul para terminar con una huelga de hambre líquida que comenzaron este viernes 27 de noviembre después de ser trasladados desde La Araucanía hasta el Centro Penitenciario de Valdivia, en la Región de Los Ríos.
Estas personas, integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quedaron en prisión preventiva durante la investigación por el ataque a una parcela ubicada en el norte de Temuco y al fundo San Luis de la Ruta Lautaro-Galvarino.
Frente a esta manifestación de los comuneros, el Congreso reaccionó este lunes. En la UDI, por ejemplo, presionaron a la titular de Justicia, Marcela Ríos. Si accede, en la oposición podrían buscar su salida.
“Ceder una vez más a una huelga de hambre por parte de la ministra, para nosotros es el punto de inflexión que nos obligaría a presentar una acción constitucional contra la jefa de la cartera. Es una presión ilegal que busca obtener beneficios ilegítimos totalmente lesivos al Estado de Derecho. Sólo existe terrorismo provocado, entre otros grupos, precisamente por el jefe de la CAM, Héctor Llaitul”, explican en una declaración conjunta los diputados Henry Leal y Felipe Donoso.
“El Gobierno debe recurrir a la Corte de Apelaciones para que el Estado pueda alimentarlos incluso contra su voluntad. Ceder ante una nueva huelga de hambre será un incentivo perverso para que estos sujetos tengan prebendas, y en definitiva, una justicia distinta para ellos. Nadie entendería que la ministra Ríos, para evitar un problema político, conceda las pretensiones injustas de los detenidos. Hacer lo contrario vulnera la legislación vigente y por tanto, se le acusará constitucionalmente para hacer efectiva su responsabilidad política y legal”, agregaron.
No es la primera presión para Ríos
Hace unas semanas, Renovación Nacional (RN) había presentado la misma postura contra la ministra Marcela Ríos de Justicia por el caso de Angol.
“La Contraloría acaba de encontrarnos razón. La resolución por la cual se basaron los beneficios penitenciarios contra reos condenados en Angol y otros beneficios entregados a reos mapuches, es ilegal”, dijo el diputado Andrés Longton antes de anunciar la posibilidad de una acusación constitucional.
“Esperamos que la ministra de Justicia, quien dio lo beneficios penitenciarios para trasladar a estos reos a un centro de educación y trabajo, deje sin efecto los mismos porque se dictaron contra ley, bajo una resolución que no está amparada en la normativa vigente”, agregó el jefe de la bancada RN.
