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Ministra del Interior espera desplegar en febrero a las FF.AA. en las fronteras

En este contexto, Tohá señaló que se espera que avance el proyecto sobre protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente.

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara recibió a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. El objetivo de su visita fue exponer la opinión del Ejecutivo sobre proyectos de ley en materia migratoria que tramita esta instancia.

En la ocasión, los parlamentarios también le consultaron sobre las medidas concretas que comenzará a implementar el Gobierno en esta materia. En este contexto, Tohá señaló que se espera que avance el proyecto sobre protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente.

La norma se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.

De acuerdo a su exposición, la iniciativa permite que, por decreto con fuerza de ley, las FF.AA. puedan resguardar las fronteras. “El Ejecutivo está trabajando en paralelo en esta última fase de tramitación de infraestructura crítica, lo que será el decreto con fuerza de ley”, explicó. Esto, porque el objetivo de la cartera es poder comenzar a implementarlo durante febrero.

En esta línea, la ministra Carolina Tohá señaló que buscan perfeccionar los cambios a los procedimientos de notificación de las expulsiones, para mejorar su efectividad. También señaló que existe un listado de temas que se encuentran en compromiso transversal por la seguridad, donde espera cerrar un acuerdo antes de febrero.

Aquí se encuentra establecer que, en 10 km desde la franja fronteriza, se pueda realizar controles de identidad y retener a quienes son irregulares. Igualmente, que en la ley migratoria se establezca que Carabineros puede colaborar en materias de migración. Esto permitiría que, en un control de identidad, Carabineros pueda llevar a la PDI a quienes se encuentran en situación irregular.

Junto a esto, se busca ampliar de 48 a 96 horas el plazo que tienen los servicios para expulsar a una persona del país. Asimismo, requerir un chequeo previo de quienes solicitan refugio.

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