Tras renuncia de abogados: defensores públicos representarán a Martín Pradenas
Dos abogados de la Defensoría Penal Pública representarán al imputado por delitos sexuales, quien enfrentará un segundo juicio este 30 de marzo.
Por Redacción EL DÍNAMO
Los dos abogados particulares de Martín Pradenas presentaron su renuncia al caso. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La Defensoría Penal Pública de Temuco informó este jueves que dos abogados de su repartición defenderán a Martín Pradenas, imputado por siete delitos sexuales, quien quedó sin representantes tras la sorpresiva renuncia de sus defensores particulares.
Según lo consignado por BioBioChile, el organismo público determinó que el jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública Regional, Marcelo Pizarro y el jefe defensor local, Patricio Salinas, serán quienes patrocinarán al hombre.
Durante esta jornada se conoció que los juristas Javier Jara y Gaspar Calderón presentaron un documento al Tribunal Oral en lo Penal de Temuco avisando de su renuncia a la defensa de Pradenas, quien este 30 de marzo enfrentará un segundo juicio luego que la Corte Suprema anulara el primer proceso, que lo sentenció a 20 años de prisión.
El segundo juicio
Martín Pradenas había sido declarado culpable de siete delitos sexuales -dos violaciones y cinco abusos sexuales-, a víctimas de entre 13 y 20 años. Una de las afectadas fue Antonia Barra, una joven de Pucón que se suicidó en 2019.
Tras la sentencia, los defensores del condenado presentaron un recurso de nulidad, acusando falta de imparcialidad por parte de los jueces que resolvieron el caso.
Los argumentos se centraron en las publicaciones en redes sociales de Leonel Torres Labbé (redactor de la sentencia), quien tras concluir la etapa probatoria llamó “violador o maldito violador” al imputado.
Con estos antecedentes, la Corte Suprema decidió acoger la nulidad y ordenó un segundo juicio con jueces habilitados y con imparcialidad probada. La fecha del inicio del nuevo proceso se fijó para este 30 de marzo.
La decisión del máximo tribunal fue rechazada por la familia de Barra y por las organizaciones feministas, que apuntaron hacia la revictimización que sufrirían las afectadas. Desde el gobierno, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuestionó la “imprudencia” del magistrado que sirvió como argumento para anular el primer juicio.
