Milicogate: quién es Ana María Osorio, la nueva ministra con dedicación exclusiva
A menos de un año de jurar como ministra de la Corte de Apelaciones, la abogada asumirá el rol que cumplía Romy Rutherford.
Por Juan Pablo Ernst
Ana María Osorio inició su carrera en el Poder Judicial en 1996. AGENCIA UNO/ARCHIVO.
El 15 de diciembre del año pasado, Ana María Osorio juró como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y este lunes fue designada por el pleno de la Corte Suprema como la nueva ministra de la Corte Marcial, en reemplazo de Romy Rutherford.
De esta forma, la abogada de la Universidad de Chile se dedicará de manera exclusiva a la investigación del fraude en el Ejército, caso conocido como Milicogate.
Según determinó el máximo tribunal del país, Osorio cumplirá dicha tarea hasta el 31 de diciembre de este año.
La carrera de Osorio en el Poder Judicial
Ana María Osorio ingresó al Poder Judicial en 1996, cuando partió en el cargo de oficial segunda del Juzgado de Letras de Colina.
En 2002, la abogada asumió como oficial cuarta del 22° Juzgado Civil de Santiago. Dos años más tarde la designaron relatora a la Corte de Apelaciones de Santiago.
A fines de 2005, la profesional fue nombrada jueza del 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
Osorio también asumió diversos cargos temporales. Entre ellos, se desempeñó como relatora suplente en la Corte Suprema y también como ministra suplente en la Corte de Apelaciones Santiago.
Hace menos de un año, la abogada juró como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Aquello, para ocupar la vacante que se generó por el cese de funciones de la ministra Gloria Solís.
Dedicación exclusiva
De acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema, Ana María Osorio se dedicará de forma exclusiva a investigar el Milicogate. De esta forma, quedará liberada de asistir a Sala y Pleno en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Antes de dejar el caso, Romy Rutherford amplió el procesamiento contra el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por malversación de caudales públicos entre 2002 y 2006.
Previo a ello, la jueza dictó condena contra 10 militares por el mismo caso.
